Representantes de cuatro comunidades mapuches de Neuquén, ubicadas en zonas cercanas a Vaca Muerta, intensificaron su protesta este martes encadenándose frente a la sede de la gobernación provincial. Reclaman el reconocimiento oficial de su personería jurídica, condición necesaria para participar en las negociaciones sobre proyectos hidrocarburíferos que afectan sus territorios.
La medida de fuerza está encabezada por las comunidades Newen Kura (Rincón de los Sauces), Fvta Xayen (Tratayén, Añelo), Kelv Kura (Portezuelo) y Ragilew Cárdenas (Picún Leufú). Según explicó Nelson Cárdenas, autoridad de esta última agrupación, la protesta se definió tras el fracaso “de distintas instancias de diálogo con el gobierno provincial” y ante la falta de respuestas concretas a sus pedidos.
Desde el gobierno de Rolando Figueroa indicaron que buscan “avanzar en la construcción de un diálogo fructífero”, aunque advirtieron que “el derecho a peticionar debe respetar la constitucionalidad y la normativa vigente”. En un comunicado oficial, el Ejecutivo neuquino recordó que 57 comunidades indígenas ya cuentan con personería jurídica en la provincia, y reiteró que existen canales administrativos y judiciales disponibles para resolver trámites pendientes.
Las comunidades reclaman que el gobierno provincial y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconozcan su personería jurídica, lo que les permitiría ser consultadas —de manera obligatoria— antes del otorgamiento de concesiones para futuras explotaciones hidrocarburíferas en lo que consideran sus “territorios ancestrales”. Señalan además que, desde hace una década, cumplen con todos los requisitos legales necesarios para obtener ese reconocimiento.
Para los referentes indígenas, la falta de personería es comparable a la inexistencia de un documento de identidad. En este contexto, cuestionaron la falta de autoridad del ministro de Gobierno Jorge Tobares, quien participó en la última mesa de diálogo en Tratayén, a la que calificaron como un “diálogo inútil”.
El conflicto continúa y el Ejecutivo neuquino no descarta llevar la situación a la Justicia “para asegurar la institucionalidad y el orden social”. Mientras tanto, las comunidades permanecen encadenadas frente a la Casa de Gobierno a la espera de una respuesta efectiva.