Este miércoles 13 de agosto vence el plazo fijado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 para que los condenados en la causa Vialidad depositen $684.000 millones en concepto de reparación por el esquema de desvío de fondos en la obra pública de Santa Cruz.
Según confirmaron fuentes judiciales, la cuenta abierta en el Banco Nación para recaudar los fondos permanece sin movimientos. Si esta situación se mantiene, el tribunal —integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— avanzará con la ejecución de bienes embargados al inicio de la causa, hasta cubrir el monto establecido.
Los magistrados señalaron que la medida es consecuencia del “proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público” y advirtieron que, en caso de incumplimiento, se procederá a ejecutar los bienes necesarios para la reparación. El monto es de carácter solidario, por lo que los condenados deberán acordar entre ellos cuánto abonará cada uno.
En el caso de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, la situación se complica. En 2016 cedió todo su patrimonio a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y su único ingreso declarado actualmente es su jubilación. Sin embargo, parte de los bienes y fondos familiares están bajo la mira de la Justicia.
En la causa Hotesur-Los Sauces, vinculada al expediente Vialidad, el TOF 5 mantiene un embargo millonario sobre propiedades y activos de la expresidente y de su hijo mayor, que incluye 50 inmuebles —entre ellos departamentos en Puerto Madero, Río Gallegos y El Calafate—, terrenos, vehículos y cuentas bancarias. También figuran cuatro cajas de ahorro, una cuenta comitente, una caja de seguridad en el Banco Galicia, una caja de ahorro en el Banco Nación y plazos fijos en el Banco de Santa Cruz.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola también identificaron cuatro cuentas en la Caja de Valores, algunas en condominio con sus hijos y otras con Néstor Carlos Kirchner y Rudy Ulloa, además de dos cuentas en el Registro de Tenedores de Bonos del Gobierno Nacional.
Otra alternativa que evalúa la Justicia es cuestionar la herencia anticipada realizada por Cristina Kirchner a sus hijos, bajo la sospecha de que tuvo como objetivo evitar futuros decomisos.
En paralelo, la exmandataria inició un reclamo ante el fuero de la Seguridad Social para recuperar su jubilación de privilegio y la pensión vitalicia como viuda del expresidente Néstor Kirchner, que el Gobierno dio de baja tras su condena. Su defensa sostiene que la medida “vulnera un derecho alimentario” y afecta su derecho a la seguridad social y a la subsistencia.
Si bien la jubilación podría ser embargada parcialmente, su carácter alimentario y el monto reducido respecto a la deuda hacen que esta vía no resulte suficiente para cubrir la reparación millonaria exigida por la Justicia.