Las Comisiones Episcopales de Pastoral Social, Pastoral Carcelaria y Cáritas Argentina, organismos dependientes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), enviaron una carta abierta a legisladores nacionales para aportar al debate sobre el Proyecto del Nuevo Régimen Penal Juvenil.
El documento, titulado “Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza” y fechado el 8 de febrero, busca promover una discusión “seria y responsable”, basada en datos, estadísticas y la experiencia directa de la Iglesia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes en contextos de mayor vulnerabilidad.
En la misiva, los organismos destacaron la importancia de poner el foco en “el cuidado integral, la prevención, la educación y la inclusión social”, y subrayaron que su aporte se realiza “con espíritu constructivo”, respaldado por la experiencia de referentes y profesionales que desarrollan actividades en parroquias, escuelas, centros barriales, Hogares de Cristo, clubes parroquiales y movimientos juveniles, así como en el acompañamiento a familias y comunidades.
Asimismo, resaltaron la necesidad de atender a las víctimas de delitos, especialmente en barrios populares, y señalaron que muchas veces los propios equipos de la Iglesia también han padecido estas situaciones. “Creemos que es urgente actuar: para reparar el dolor, prevenir nuevas violencias, disminuir el nivel de conflicto social, pacificar nuestros barrios y acompañar a tantas víctimas que, con frecuencia, quedan solas y sin a quién recurrir”, afirmaron.
Los firmantes expresaron su preocupación por el clima político en el que se desarrolla el debate, marcado por el uso del dolor social con fines mediáticos, lo que, a su juicio, dificulta una deliberación seria sobre los problemas estructurales que afectan a los menores, especialmente en los sectores más vulnerables.
La carta concluye señalando que es necesario “abandonar el falso dilema entre ‘hacer algo’ o ‘no hacer nada’” y destacó que la sociedad enfrenta una decisión crucial: “O profundizamos la cultura del descarte, o asumimos el desafío de construir un entramado social que cuide, incluya y repare, actuando sobre las causas estructurales de la violencia desde los vínculos más cotidianos: en los barrios, en las escuelas, en las plazas, en cada rincón donde se juega la vida y el futuro de nuestros hijos”.