La reciente derogación de la Ley de Alquileres ha desatado una preocupante escalada en los precios de los alquileres, proyectando un incremento desorbitante que amenaza con superar el 200% en el próximo mes de mayo. La eliminación de restricciones ha dejado a propietarios e inquilinos en un terreno incierto, donde la definición de fórmulas y plazos de actualización de precios carece de regulación. Desde la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Milei en enero, los primeros indicios de esta tendencia ya se han hecho sentir.
Con la derogación en pleno efecto, la determinación de los nuevos montos de alquiler ha estado en manos de las partes involucradas, lo que ha propiciado una disparidad de criterios en la selección de índices y métodos de actualización. Este vacío normativo ha generado un panorama de incertidumbre económica para los arrendatarios, quienes se enfrentan a incrementos desproporcionados en un mercado sin límites claros.
El mes de abril ha marcado el inicio de esta escalada, y las proyecciones para mayo son aún más alarmantes. Según las estimaciones basadas en el Índice para Contratos de Locación (ICL), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se espera un aumento del 221% para los contratos que se actualizan el próximo mes. Este porcentaje representa un incremento significativo con respecto al 196,7% registrado en abril, lo que evidencia una aceleración preocupante en la espiral de alzas descontroladas.
Ante esta situación, se vislumbra una urgente necesidad de regulación que proteja tanto los intereses de los inquilinos como los de los propietarios. La falta de un marco legal claro ha desatado una dinámica perjudicial para la estabilidad económica y social, con repercusiones que se extienden a todos los estratos de la sociedad.
Aunque algunos sectores pronostican que el aumento de la oferta podría ejercer cierto control sobre los precios, la realidad es que la situación demanda una intervención decisiva por parte de las autoridades competentes. De lo contrario, la crisis habitacional podría agudizarse aún más, dejando a numerosas familias en una situación de vulnerabilidad insostenible.
En medio de este panorama incierto, se hace evidente la necesidad de tomar medidas concretas que salvaguarden los derechos de los ciudadanos y aseguren la estabilidad del mercado de alquileres. De lo contrario, nos enfrentamos a un escenario desalentador donde el acceso a la vivienda se convierte en un privilegio cada vez más inalcanzable para amplios sectores de la población. Con información de Primera Edición