El incumplimiento de la cuota alimentaria en Misiones registró un nuevo incremento interanual y volvió a encender señales de alerta. De acuerdo con datos oficiales del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, el Registro Público de Alimentantes Morosos contabiliza actualmente 822 oficios vigentes por deudas de manutención, frente a los 633 que se encontraban activos en mayo de 2025. La variación representa un crecimiento cercano al 26% en el último año.
El registro reúne a personas que, tras una resolución judicial firme, no cumplen con la obligación alimentaria fijada en favor de sus hijos. Según la evolución de los relevamientos periódicos, la morosidad mantiene una tendencia ascendente sostenida. Además, la mayor parte de los inscriptos corresponde a hombres.
El peso de la crianza en números
La problemática adquiere mayor dimensión al contrastarse con los costos actuales de crianza. La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el informe correspondiente a enero de 2026 sobre la valorización de la canasta de crianza.
El estudio estima el costo mensual de criar a un niño o niña según cuatro tramos etarios. Para menores de un año, la canasta asciende a $476.230; para niños de 1 a 3 años, $567.124; para el segmento de 4 a 5 años, $483.497; y para el grupo de 6 a 12 años, $607.848.
El informe discrimina dos grandes componentes: por un lado, los bienes y servicios —alimentación, vestimenta, vivienda y transporte— y, por otro, el costo del cuidado, es decir, el tiempo destinado a la atención y acompañamiento, valorizado económicamente.
Impacto en los hogares
En este contexto, el incumplimiento de la cuota alimentaria no solo constituye una falta legal, sino que tiene consecuencias directas en la economía y en la organización cotidiana de los hogares. Cuando uno de los progenitores no realiza el aporte fijado judicialmente, la carga económica y de cuidados recae casi en su totalidad sobre quien convive con los hijos.
El Registro Público de Alimentantes Morosos funciona como una herramienta institucional destinada a visibilizar el incumplimiento y habilitar las medidas restrictivas previstas por la normativa vigente. La inclusión en la nómina puede derivar en consecuencias administrativas y civiles para los deudores, como impedimentos para realizar determinados trámites o celebrar contratos.
Con costos de crianza que se actualizan mes a mes en un escenario económico complejo para las familias, la brecha entre las obligaciones establecidas por la Justicia y su cumplimiento efectivo se consolida como uno de los principales desafíos en materia de responsabilidad parental y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.