La situación de las pequeñas y medianas empresas en Argentina vuelve a encender señales de preocupación. En un contexto marcado por la caída del consumo, el debilitamiento del mercado interno y la incertidumbre laboral, desde el sector empresario advierten que la continuidad de las actuales condiciones económicas podría derivar en el cierre masivo de firmas en todo el país.
El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, trazó un diagnóstico crítico sobre el presente del entramado productivo y aseguró que la actividad atraviesa una etapa de “crisis total”. En diálogo con FM de las Misiones, el dirigente sostuvo que la situación no responde a factores coyunturales, sino a una orientación económica definida. “No es una equivocación o algo que no se está haciendo sin intención, sino que es un proyecto, una idea que tiene este gobierno”, afirmó.
Si bien reconoció que algunas medidas iniciales contaron con respaldo social y que ciertos desequilibrios requerían correcciones, Fernández cuestionó el costo del ajuste sobre el sector productivo. En ese sentido, advirtió que la desaceleración de la inflación no debería lograrse a expensas de una fuerte retracción en la industria y el comercio. “No han evaluado si esto debía ser tan extremo”, señaló.
El titular de CGERA puso especial énfasis en el impacto que esta situación tiene en las economías regionales. Explicó que, en provincias como Misiones, la dinámica económica depende en gran medida del comercio, la producción y, en algunos casos, del turismo, por lo que cualquier deterioro en estos sectores repercute de manera directa en el empleo y en la vida cotidiana.
Asimismo, consideró “desafortunadas” algunas declaraciones del presidente Javier Milei sobre el destino de determinados sectores productivos, aunque advirtió que la preocupación principal radica en la coherencia entre esos dichos y las políticas implementadas. “Lo que está diciendo es lo que está llevando adelante”, resumió.
Uno de los aspectos más sensibles del análisis estuvo vinculado al empleo. Fernández alertó que detrás de cada pyme que cierra no solo hay una empresa que deja de operar, sino trabajadores que pierden su fuente laboral formal y se ven obligados a insertarse en actividades informales. “¿Dónde se va a emplear esta gente?”, planteó, al remarcar la falta de una estrategia clara para absorber esa mano de obra.
En cuanto a los datos, el dirigente señaló que, según registros oficiales, el cierre de empresas promedia unas 30 por día desde el inicio de la actual gestión. Bajo esa tendencia, estimó que ya habrían dejado de operar alrededor de 22 mil pymes.
De mantenerse ese ritmo, la proyección hacia el final del mandato es aún más preocupante. “Serán entre 45.000 y 50.000 empresas que cerrarán sus puertas”, advirtió Fernández. Traducido en términos laborales, esto podría implicar la pérdida de hasta 500 mil puestos de trabajo formales, tomando un promedio de diez empleados por firma.
Más allá de las cifras, el dirigente subrayó el clima de incertidumbre que atraviesa al sector. Aseguró que la preocupación no se limita a las empresas que ya cerraron, sino que alcanza a aquellas que continúan operando con dificultades y sin certezas sobre su futuro. “La angustia es si será la mía mañana”, expresó, reflejando el sentimiento que, según indicó, se repite entre comerciantes e industriales de todo el país.