Mientras avanza la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada admiten que la presentación de su declaración jurada patrimonial no ocurrirá de manera inmediata, como había sugerido públicamente el presidente Javier Milei semanas atrás. Según fuentes cercanas al funcionario, el trámite se concretaría recién a comienzos de junio, posiblemente antes del inicio de la Copa del Mundo previsto para el 11 de ese mes.
“Yo la quiero presentar lo antes posible”, suele responder Adorni ante consultas de su entorno sobre el documento patrimonial que será clave dentro del expediente que tramita en Comodoro Py. La declaración deberá explicar el origen de fondos, movimientos financieros y el crecimiento patrimonial observado por la Justicia durante los últimos meses de investigación.
Tras una modificación administrativa reciente, el plazo oficial para presentar la Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI) correspondiente al período 2025 fue extendido hasta el 31 de julio. Sin embargo, cerca del jefe de Gabinete aseguran que la intención es anticiparse a esa fecha y cumplir con la entrega en las próximas semanas.
Dentro del oficialismo reconocen que nunca existió un compromiso concreto de presentar la documentación “de un día para el otro”. La confusión, sostienen, se generó luego de que Milei afirmara en una entrevista televisiva que ya había revisado los papeles y que la presentación sería inminente. “Hubo un error de interpretación”, admiten desde el entorno de Adorni, donde recuerdan que el cronograma previsto siempre apuntó a fines de mayo o principios de junio.
No obstante, allegados al funcionario remarcan que los tiempos también dependen de la evolución de la investigación judicial. “No es un tema lineal”, señalan, aunque evitan precisar cuáles serían los condicionantes concretos.
La futura declaración jurada incluiría bienes y fondos correspondientes a su esposa, Bettina Angeletti, además de una herencia familiar derivada del fallecimiento de su padre en 2002, cuyo proceso sucesorio habría concluido recientemente. También deberá detallar gastos vinculados a reformas inmobiliarias, entre ellas obras realizadas en una propiedad del country Indio Cua Golf Club y remodelaciones en un departamento del barrio porteño de Caballito financiadas, según la explicación oficial, mediante un préstamo personal de 65.000 dólares.
La documentación será analizada por especialistas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DATIF), que contrastarán la información presentada con las pruebas recolectadas en el expediente judicial. En la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita consideran prioritario verificar la consistencia legal y contable de los movimientos patrimoniales investigados.
En paralelo, la situación de Francisco Adorni —diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete— también permanece bajo análisis judicial. Días atrás rectificó su declaración jurada tras la apertura de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En la nueva presentación incorporó una herencia de 21 millones de pesos que no había informado previamente ante la Oficina Anticorrupción, además de actualizar la valuación de su vivienda en City Bell y precisar datos sobre un crédito hipotecario otorgado por el Banco Provincia.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán y supervisada por el juez Daniel Rafecas, incluye el levantamiento del secreto fiscal y bancario, junto con pedidos de informes a distintas entidades públicas y privadas. Según fuentes judiciales, las correcciones introducidas en la declaración no disiparon las sospechas, sino que reforzaron las dudas sobre posibles inconsistencias patrimoniales.