Hace cinco décadas, la madrugada del 24 de marzo de 1976, comenzó el golpe de Estado en Argentina. La planificación tomó al menos seis meses de organización activa por parte de las Fuerzas Armadas.
El punto de partida fue el decreto 2770-2/75, firmado el 6 de octubre de 1975 por el presidente interino Ítalo Luder y los ministros del gabinete, bajo presión de los comandantes militares. El decreto se consumó un día después del ataque montonero al Regimiento 29 de Formosa y autorizaba a las Fuerzas Armadas “a ejecutar las operaciones militares y de seguridad necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”, trasladando así toda la estructura represiva del Estado a la cúpula militar.
Desde ese momento se sucedieron decretos, modificaciones reglamentarias y directivas secretas que organizaron la represión, mientras las Fuerzas Armadas proclamaban su “prescindencia política” y “fidelidad al orden constitucional”. En octubre de 1975, la primera directiva del Ejército estableció a Tucumán, Capital Federal, La Plata, Córdoba, Rosario y Santa Fe como áreas prioritarias para “detectar y aniquilar a las organizaciones subversivas”. Ese mismo mes se modificó el Reglamento Militar, con la idea de “aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren”.
El Reglamento estableció que no habría encuadramiento legal ni trato de “prisioneros de guerra” para los “elementos subversivos”, con el fin de prevenir reclamos por violación a los acuerdos de la Convención de Ginebra. También indicaba que “la acción militar es siempre violenta y sangrienta” y que, al entrar en operaciones, las FFAA no debían interrumpir el combate ni aceptar rendiciones, aclarando cómo actuar frente a la resistencia, la detención o eliminación de los objetivos y el manejo de bienes.
Se estableció la creación de centros clandestinos de detención, llamados LRD (“lugar de reunión de detenidos”), donde los sospechosos serían trasladados según informes de inteligencia y sometidos a interrogatorios sin posibilidad de defensa legal. Estos centros ya funcionaban en el marco del Operativo Independencia en Tucumán desde febrero de 1975 y luego se expandieron a otras guarniciones, como la cárcel militar de “La Ribera” y “La Perla” en Córdoba, y la ESMA en Buenos Aires. Durante el gobierno de Isabel Perón, ya había seis centros clandestinos “operativos”; en 1976 funcionaron 365 y, tras investigaciones judiciales, se estableció que en total se utilizaron 814 en todo el país, incluyendo los de fuerzas de seguridad.
La Armada implementó su protocolo interno en noviembre de 1975, con patrullas de allanamiento y la creación de “guardias transitorias” como centros de detención, mientras que la Fuerza Aérea se incorporó tras el pase a retiro del brigadier Héctor Fautario, el 22 de diciembre de 1975. La Mansión Seré, en Morón, fue su centro clandestino de mayor relevancia.
La represión se apoyó en la inteligencia, especialmente en el Batallón 601, a cargo del coronel Alfredo Valín, que conformó la “comunidad informativa” con los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de seguridad y de la SIDE. El Batallón concentraba agentes formados para infiltrarse en fábricas, universidades, sindicatos y ámbitos culturales y sociales. La información se evaluaba en la Sala de Reunión y luego se derivaba a los Comandos de Zona, donde se decidía el destino de cada detenido.
En febrero de 1976, el Plan del Ejército estableció que los detenidos ilegales estarían incomunicados y a disposición de la Junta de Comandantes, sin posibilidad de justicia. También se definieron los objetivos de la represión: organizaciones gremiales del peronismo ortodoxo y combativo, frentes de izquierda, agrupaciones estudiantiles, el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, autoridades provinciales, funcionarios públicos y legisladores, con control de embajadas para evitar el asilo político.
Finalmente, la madrugada del 24 de marzo de 1976, los centros clandestinos comenzaron a recibir secuestrados y la estructura de represión diseñada durante meses se puso en marcha.
Fuente: Infobae