El programa económico aplicado entre 2024 y 2025 transformó de forma profunda la macroeconomía argentina. Con una fuerte contracción del gasto público, equilibrio fiscal, desinflación y apertura comercial, la política económica logró estabilizar precios y moderar expectativas inflacionarias.
La inflación, que superaba el 200% anual en 2023, se desaceleró de manera sostenida durante 2025, impulsando una sensación de orden en los mercados financieros y entre los consumidores.
Sin embargo, esta mejora nominal llega acompañada por una apreciación del tipo de cambio y una expansión de las importaciones que reconfigura la estructura productiva interna. El consumo se abarata en dólares, pero las industrias locales que compiten con bienes importados enfrentan caídas de ventas, márgenes y empleo.
Los números del ajuste: menos empleadores, más informalidad
El impacto sobre el empleo formal es significativo. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 desaparecieron aproximadamente 19.000 empleadores —unas 30 empresas por día— y se destruyeron alrededor de 277.000 puestos de trabajo registrados, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El sector privado formal muestra su retroceso en áreas clave: industria, construcción, comercio y transporte fueron los más afectados. El SIPA también evidencia un comportamiento sectorial dispar: solo hoteles y restaurantes incorporaron nuevas firmas —impulsadas por el turismo interno—, mientras el resto de las ramas de la economía registró cierres netos.
La consecuencia directa es una expansión de la informalidad laboral, que ya ronda el 43% del empleo total, con salarios entre 40% y 45% inferiores al promedio de los trabajadores registrados. La pérdida de empleo formal se traduce en menor cobertura jubilatoria, caída del salario real y aumento de la vulnerabilidad social.
La geografía del impacto: polos ganadores y regiones en retroceso
El proceso de ajuste no afecta a todas las provincias por igual. Actividades vinculadas a energía y minería, concentradas en Neuquén, San Juan y Catamarca, muestran expansión y nuevas inversiones. En contraste, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tierra del Fuego —núcleos industriales y manufactureros— enfrentan una contracción persistente del empleo formal.
Esta divergencia productiva amplifica las desigualdades territoriales: los nuevos polos exportadores absorben capital, mientras las economías regionales de base manufacturera o PyME pierden protagonismo.
Un dilema de velocidad y costos
El programa económico parte de la premisa de que los recursos liberados por el cierre de empresas menos eficientes se reasignarán rápidamente a nuevas actividades más productivas. Sin embargo, la evidencia histórica y los datos actuales muestran que esa transición no ocurre de manera inmediata.
Los trabajadores despedidos enfrentan largos periodos de búsqueda laboral o migraciones hacia sectores totalmente distintos, muchas veces informales. Las empresas que cierran rara vez logran reconvertirse sin acceso a crédito ni políticas de apoyo. El resultado es una subutilización sostenida de fuerza laboral y capital productivo.
Estabilidad sin crecimiento sostenible
El interrogante central es cuánto tiempo puede sostenerse esta brecha entre estabilidad macroeconómica y fragilidad microeconómica.
Las proyecciones oficiales muestran una inflación más controlada y una balanza fiscal equilibrada, pero con una economía real debilitada: menor cantidad de empresas, menos empleo formal y caída de la masa salarial total.
Si el ritmo de destrucción productiva supera la capacidad de creación de nuevas actividades, el riesgo no solo es de estancamiento económico, sino también de aumento estructural de la desigualdad entre regiones y grupos sociales.
En ese marco, las condiciones para 2026 dependerán de si el proceso de ajuste logra pasar de la fase de «destrucción» a una etapa de generación de empleo y productividad. Una transición que hoy, según los datos oficiales, todavía luce incompleta.
Con información de https://www.lapoliticaonline.com/