El Ministerio de Defensa de Uganda confirmó casi dos semanas después la detención del sacerdote Deusdedit Ssekabira, de la diócesis de Masaka, quien había desaparecido el pasado 3 de diciembre tras ser llevado por individuos armados en un vehículo sin distintivos.
Según las autoridades, el sacerdote fue arrestado bajo la acusación de participar en “actividades subversivas violentas contra el Estado”. Sin embargo, su detención ha sido calificada como inconstitucional por la Asociación de Abogados Católicos de Uganda (Uganda Catholic Lawyers Society, UCLS).
“Se trató de una detención llevada a cabo sin respetar los derechos fundamentales de la persona”, señaló la UCLS, denunciando que el uso de vehículos no identificados, agentes sin acreditación, centros de detención secretos y la demora en informar sobre el arresto constituyen prácticas que socavan el Estado de derecho.
Durante diez días, el paradero del sacerdote se mantuvo en secreto, negándose el acceso a su familia, a la diócesis y a sus abogados, lo que, según la UCLS, equivale a una desaparición forzada, prohibida tanto por la Constitución de Uganda como por el derecho internacional.
La asociación enfatizó que “las acusaciones de actividades subversivas no suspenden las garantías constitucionales, y cualquier amenaza a la seguridad no puede justificar un arresto secreto ni la negación de un juicio justo”.
De acuerdo con la Constitución ugandesa de 1995, cualquier persona detenida debe ser presentada ante un tribunal dentro de un máximo de 48 horas o ser puesta en libertad bajo fianza, norma que, según expertos legales, no se habría cumplido en este caso.