Un reciente informe del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad encendió una nueva señal de alerta sobre las condiciones en las que crecen millones de niñas, niños y adolescentes en Argentina. El documento, elaborado por las investigadoras María Sol González, Victoria Bein y Lorena Bolzon, muestra que casi 6 de cada 10 menores sufren episodios de violencia diaria o semanal, y que en el 90% de los casos el agresor pertenece a su propio núcleo familiar.
El hogar —que debería funcionar como contención— se consolida así como el principal escenario del maltrato. Los datos, basados en registros de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y estadísticas oficiales, indican un deterioro sostenido en las condiciones de cuidado infantil.
El estudio señala que el grupo más afectado por el maltrato es el de 6 a 10 años, con un predominio de casos en niñas en la mayoría de las franjas etarias. Entre los adolescentes de 15 a 17 años atendidos por la OVD, el 28% presentaba lesiones físicas, un indicador que expone la gravedad del fenómeno. Las autoras también advierten una relación directa entre la violencia doméstica y el aumento de conductas suicidas en la juventud, una tendencia que coincide con investigaciones internacionales citadas en el informe.
A la violencia se suman otras dimensiones de vulnerabilidad. El 13,4% de los niños vive en condiciones de hacinamiento y uno de cada cuatro habita viviendas construidas con materiales precarios, dificultades que afectan de manera particular a la primera infancia. Según el informe, estas condiciones vulneran derechos básicos establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño.
En el ámbito educativo, aunque la asistencia escolar alcanza niveles altos —98,8% entre los 5 y 12 años— persisten desafíos significativos. La escolarización de niños de 3 años se mantiene en apenas 53,5%, mientras que en la adolescencia la asistencia cae a 95,9%, lo que expone un riesgo de desvinculación. Además, se registra una marcada brecha en los aprendizajes: los estudiantes de escuelas estatales y aquellos pertenecientes a hogares de menores ingresos muestran los rendimientos más bajos.
El panorama sanitario tampoco es ajeno a la desigualdad. El 43% de niños y adolescentes depende exclusivamente del sistema público de salud, lo que subraya la urgencia de fortalecer la atención materno-infantil, especialmente en contextos vulnerables.
El informe concluye que el país enfrenta “desigualdades estructurales persistentes” que afectan el pleno ejercicio de los derechos de la niñez. En esa línea, remarca la necesidad de implementar políticas públicas integrales que garanticen ambientes seguros, acceso equitativo a la educación, atención sanitaria oportuna y condiciones de vida dignas. También señala como una deuda pendiente la ausencia de una legislación específica sobre maltrato infantil, clave para avanzar hacia una protección efectiva de niños, niñas y adolescentes.