El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, tras el rechazo del veto del presidente Javier Milei por parte del Congreso. Sin embargo, la ejecución de la norma quedó suspendida hasta que la Legislatura determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, tal como había adelantado la semana pasada el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La promulgación se oficializó mediante la publicación del Decreto 681/2025 en el Boletín Oficial. Según el Ejecutivo, la suspensión responde al impacto fiscal que la implementación de la ley implicaría sobre las cuentas del Estado.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la creación de la nueva pensión demandaría un gasto de 2,16 billones de pesos en 2025, equivalente al 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI), y 4,7 billones en 2026 (0,47 % del PBI). A esto se suma el costo del Programa Incluir Salud, que otorga cobertura médica a titulares de pensiones no contributivas, con un gasto adicional de 574.200 millones en 2025 y 1,23 billones en 2026. La compensación económica de emergencia para prestadores se calcula en 278.323 millones, lo que eleva el total estimado de la ley a 3,02 billones, equivalentes al 0,35 % del PBI.
El Ejecutivo argumenta que el presupuesto vigente no cuenta con créditos suficientes para cubrir la totalidad de los gastos. Incluso si se destinaran todas las partidas disponibles de los tres poderes del Estado, los recursos seguirían siendo insuficientes. Por ello, la aplicación de la ley quedó condicionada a que el Congreso precise las fuentes de financiamiento y autorice un aumento del presupuesto.
Cabe recordar que el Gobierno ya había vetado la ley mediante el Decreto 534/2025, advirtiendo que su aplicación sin previsión presupuestaria “pone en riesgo la sostenibilidad integral del régimen de atención, perjudicando a las personas a quienes se pretende proteger”. A pesar de ello, tanto la Cámara de Diputados como el Senado insistieron en la sanción de la norma, obligando al Ejecutivo a promulgarla conforme al artículo 83 de la Constitución Nacional.
En paralelo, el Gobierno dispuso ajustes en el Presupuesto 2025 para reforzar la atención a las personas con discapacidad. A través de la Decisión Administrativa 24/2025, publicada también en el Boletín Oficial, se incrementaron los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y se redujeron partidas de la Jurisdicción 91, destinadas a compromisos generales del Estado. La medida, que comenzará a regir el 1° de octubre, busca dar respuesta a la actualización solicitada por los prestadores del sistema de atención, mientras la ejecución plena de la Ley 27.793 permanece suspendida hasta la definición de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.