El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Poder Ejecutivo promulgará la ley de discapacidad, luego de que el Congreso rechazara el veto del presidente Javier Milei con una amplia mayoría parlamentaria. Sin embargo, advirtió que la norma no será reglamentada hasta que se determine de dónde saldrán los fondos para cubrir su implementación.
La iniciativa, impulsada por la oposición y acompañada por sectores que antes fueron aliados del oficialismo, logró superar los dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo que obligó al Gobierno a promulgarla pese a su resistencia inicial.
“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos”, señaló Francos. Y agregó: “No me pueden endilgar a mí que vea cómo se reacomodan las partidas; eso no es solución, es una mentira. Que me digan, sino, a quién le sacamos: ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”.
El impacto fiscal
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) advirtió que la ley podría incorporar entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios, lo que representaría un refuerzo fiscal estimado entre 1,88 billones y 3,62 billones de pesos, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.
A ello se suma una compensación de emergencia a prestadores del orden de 278.323 millones de pesos, y la asignación de 7.160 millones para talleres de producción vinculados al área.
Contexto político y social
La norma fue sancionada en medio de una fuerte crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad, marcada por el congelamiento de recursos, la reducción drástica de beneficiarios y las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que derivaron en la salida de su exdirector Diego Spagnuolo.
Familiares y organizaciones sociales habían protagonizado masivas movilizaciones en reclamo de medidas de emergencia. El respaldo popular y el escándalo en la ANDIS terminaron de consolidar el consenso legislativo.
Qué establece la ley
Entre los puntos centrales de la ley de emergencia en discapacidad, se destacan:
- Financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y compatibles con empleo registrado, siempre que no se superen los topes de ingresos.
- Transformación automática de todas las pensiones vigentes para evitar nuevos trámites a los beneficiarios.
- Actualización mensual y automática de los aranceles del sistema de prestaciones, atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Régimen especial de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para empresas y trabajadores del sector.
- Refuerzo del financiamiento y funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Si bien el Gobierno desistió de judicializar la norma, la aplicación quedará en suspenso hasta que se defina su financiamiento en el marco del debate por el Presupuesto 2026, que será presentado hoy en el Congreso.