Los productores tabacaleros volvieron a insistir en la urgente normalización de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET), luego de que la Corte Suprema rechazara el último planteo judicial del empresario conocido como el “Señor del Tabaco”, quien ahora deberá cancelar una deuda de USD 1.400 millones por un impuesto que nunca abonó.
El sector advierte que, más allá de este fallo, persisten irregularidades en la cadena comercial y que varias empresas continúan incumpliendo con sus obligaciones fiscales, afectando directamente los ingresos que corresponden a miles de familias tabacaleras.
En las últimas semanas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (hoy ARCA) avanzó con intimaciones a kiosqueros para determinar el precio real de venta de los cigarrillos. En paralelo, trascendió que la empresa Tabes SA, dedicada a la manufactura de hebras de tabaco en el norte argentino, también fue intimada a regularizar una millonaria deuda impositiva. Según fuentes del sector, la firma habría acumulado un pasivo similar al de Sarandí, mientras mantenía una fuerte participación en la compra de tabaco en Tucumán, Salta y Jujuy.
Tabes SA, junto a las tabacaleras Sarandí y Espert, figura además en operaciones de exportación de tabaco a Brasil. Estas maniobras generaron malestar en las asociaciones de plantadores de Misiones, que comenzaron a coordinar acciones con entidades de otras provincias productoras para exigir mayor control y la recuperación de los fondos destinados al FET.
Según estimaciones extraoficiales, la cigarrera Espert comercializa más de siete millones de paquetes de cigarrillos por mes, sin abonar el complemento de precio que corresponde a los productores a través del FET. Una situación similar se atribuye a la comercializadora jujeña Crecer SA, vinculada a Cigarrillos y Tabaco.
Desde ARCA confirmaron que el organismo actuará “con todo el rigor de la ley” no solo contra Sarandí, sino también sobre las tabacaleras norteñas que se encuentran bajo investigación.
Los productores esperan que el reciente fallo de la Corte marque un punto de inflexión y ponga fin a un esquema de incumplimientos que —aseguran— enriqueció a un reducido grupo de empresas, en detrimento de miles de familias tabacaleras de Misiones, Corrientes, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Chaco.