El abogado penalista Federico Esquivel anunció que presentará una denuncia ante la Dirección de Tránsito Municipal y la fiscalía de instrucción de turno luego de que su vehículo fuera retenido en un control de rutina en la Costanera.
Según relató Esquivel en Radio Tupambaé, los hechos ocurrieron el pasado sábado por la noche, cuando circulaba con su automóvil y fue detenido por personal de tránsito que le solicitó la documentación del vehículo. Aunque entregó todos los papeles requeridos, le faltaba el carnet físico de conductor, que estaba en otro vehículo a unas cuadras de distancia.
“En ese momento, el personal de tránsito empezó a agredirme verbalmente, con insultos y amenazas, y me retuvieron a mí y a personas que me acompañaban durante más de una hora”, explicó Esquivel a Nuestras Mañanas. “Intentaron colocar la faja de clausura mientras yo estaba dentro del vehículo, una situación que demuestra falta de capacitación y profesionalismo del personal”.
El abogado aclaró que, contrariamente a lo informado por algunos medios, no se trató de un secuestro formal ni de un acto de rebeldía por su parte. “Mi vehículo es propiedad inviolable, no tiene pedido de secuestro ni está robado. Solo se trató de una infracción menor por la falta del carnet físico”, agregó.
Esquivel destacó además que la actuación de la Policía de Misiones fue correcta: “Se portaron con respeto y altura, a diferencia del personal de tránsito que mostró desconocimiento de los procedimientos legales y del límite entre infracción y delito”.
El abogado adelantó que la denuncia incluirá cargos por abuso de autoridad y amenazas, y subrayó la necesidad de capacitar al personal para evitar este tipo de incidentes. “No se puede dejar a los inspectores a la intemperie con la responsabilidad de retener vehículos sin la preparación adecuada. He recibido llamados de más de 50 personas que vivieron situaciones similares”, señaló.
Finalmente, Esquivel enfatizó que la ley debe respetarse, pero también debe aplicarse con criterio y conocimiento, recordando que la Constitución Nacional protege la propiedad privada y establece procedimientos claros para determinar delitos e infracciones.