La Cámara de Diputados convalidó este miércoles el veto presidencial de Javier Milei a la ley que disponía un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, además de la suba del bono extraordinario de $70.000 a $110.000. La oposición no logró reunir los dos tercios necesarios para revertir la decisión del Poder Ejecutivo y, de esta forma, la medida queda firme.
En la votación, la oposición reunió 160 votos afirmativos, el oficialismo sumó 83 en contra y se registraron 6 abstenciones que resultaron decisivas, ya que elevaron el umbral requerido para alcanzar la mayoría agravada.
El rol de los gobernadores
Las abstenciones provinieron de espacios vinculados a gobernadores, lo que resultó determinante para el desenlace. Los cuatro diputados misioneros alineados con Carlos Rovira, junto con María Eugenia Vidal (PRO) y Marcela Antola, cercana al entrerriano Rogelio Frigerio, se abstuvieron. Además, el gobernador de Entre Ríos aportó el voto negativo de Francisco Morchio (Encuentro Federal).
También se sumaron a la estrategia oficialista los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, bajo la órbita de Alfredo Cornejo, y el santacruceño José Garrido, ligado a Claudio Vidal. Otros radicales que rechazaron la ley fueron Atilio Benedetti (Entre Ríos), Soledad Carrizo (Córdoba) y Gerardo Cipolini (Chaco).
Tensiones en el recinto
Durante el debate, varios opositores denunciaron presiones de gobernadores sobre sus legisladores. El radical disidente Fernando Carbajal acusó: “Quiero denunciar que algunos gobernadores están presionando a sus diputados. No sean crápulas. Es una forma de corrupción cambiar ATN por jubilados”.
En la misma línea, Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, reclamó coherencia: “Hubo algunos que contribuyeron a habilitar este tema y ahora miran para otro lado. Más que nunca hay que ser serios y tener convicciones”.
El debate se tensó luego de que diputados que inicialmente habían apoyado la habilitación de la discusión, como Ricardo López Murphy, aclararan que no acompañarían el proyecto original por considerarlo “mal diseñado”.
Impacto económico
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida vetada implicaba un costo fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI.
Con el esquema vigente, en agosto la jubilación mínima se fijó en $314.305, que sumada al bono de $70.000 alcanzó $384.305. En cambio, de haberse aplicado la ley, el haber mínimo habría ascendido a $336.928, más el bono de $110.000, totalizando $446.928.
La jubilación máxima, en tanto, quedó en $2.114.977; con la norma sancionada habría rondado los $2.267.263.
Una victoria legislativa para el oficialismo
La ratificación del veto significó un triunfo clave para el oficialismo tras la derrota inicial en la misma sesión, cuando se impuso la ley que declara la emergencia en discapacidad. En esa votación, el Gobierno perdió por 172 votos contra 72.
No obstante, Milei deberá enfrentar otro frente legislativo: la Cámara baja aprobó con 149 votos una iniciativa que obliga a coparticipar automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. Desde la Casa Rosada adelantaron que también será vetada.