La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolverá en las próximas horas el pedido del Estado argentino para suspender la transferencia del paquete accionario estatal. El fallo podría tener consecuencias económicas y diplomáticas de gran alcance.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York deberá decidir hoy o mañana si Argentina debe transferir el 51% de las acciones que posee en YPF o si podrá continuar con su apelación sin desprenderse de ese capital accionario, considerado estratégico para el país.
La decisión se enmarca en el extenso litigio que comenzó con la expropiación de la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En primera instancia, la jueza Loretta Preska condenó al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por la forma en que se llevó adelante la nacionalización. Con intereses, la suma supera actualmente los USD 18.000 millones.
Argentina busca que se suspenda la orden de Preska —conocida como “turnover”— hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva en septiembre si la medida es procedente. De ser rechazada la solicitud, el Gobierno estaría dispuesto a acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque se trata de una instancia poco habitual en litigios de este tipo y que raramente acepta intervenir.
El fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio y es el principal beneficiario de la causa, presiona para que se concrete la transferencia. Argumenta que el Estado y la compañía actúan como un “alter ego” y reclama acceso a comunicaciones y documentos de exfuncionarios como Luis Caputo y Sergio Massa. Burford incluso ha planteado que, si Argentina no cumple, podría pedirse que el país sea declarado en desacato, lo que habilitaría sanciones más allá de lo económico, como restricciones de ingreso a EE.UU. para funcionarios o ciudadanos argentinos.
Fuentes vinculadas al caso señalan que la Corte de Apelaciones podría tomar tres caminos:
1. Rechazar la suspensión y confirmar la orden de Preska.
2. Otorgar la suspensión, pero exigir garantías distintas a las acciones de YPF.
3. Conceder la suspensión solicitada por Argentina.
Si la decisión favorece al país, la entrega de las acciones quedará suspendida hasta septiembre, cuando se realice la audiencia de apelación. En cambio, un fallo adverso podría dejar a Argentina frente al dilema de cumplir o arriesgarse a sanciones, en un momento en que el gobierno de Javier Milei busca recomponer la confianza de los mercados y atraer inversiones extranjeras.