En los últimos días, la comunidad parroquial de San Pedro y San Pablo de Apóstoles se vio conmovida por la situación de una reconocida secretaria parroquial, cuya desvinculación generó inquietud y comentarios en redes sociales. Ante este contexto, el párroco Alejandro Cañete ofreció aclaraciones para llevar tranquilidad a los fieles y explicar las razones que motivaron la decisión pastoral y administrativa.
En diálogo con Radio República, el sacerdote explicó que la medida responde a la difícil situación económica que atraviesa la parroquia, lo cual hizo insostenible continuar pagando el salario de dos empleadas administrativas. “No echamos a nadie, simplemente prescindimos de un servicio por razones económicas. Jurídicamente, la Iglesia tiene derecho propio, aunque en materia laboral canonizamos la ley civil. Esta decisión se tomó tras un discernimiento y con el conocimiento del obispado de Posadas, que es el empleador formal”, aclaró.
Según informó el párroco, la secretaria desvinculada, Roxana Garega, se desempeñaba en la parroquia desde hacía 26 años. “Su antigüedad hacía que su salario representara cerca del 60% de su sueldo en adicionales, lo que sumado a otra empleada implicaba un gasto mensual de casi 2,5 millones de pesos, cuando las colectas apenas alcanzan los 600 mil pesos mensuales”, detalló Cañete.
Respecto a las críticas sobre una supuesta falta de consulta a la comunidad, el sacerdote aseguró que la situación económica de la parroquia es conocida entre los fieles. “Siempre fui transparente. Informé la realidad económica y consulté al obispo antes de proceder. La decisión no fue personal ni arbitraria”, afirmó.
Asimismo, explicó que la parroquia reconoció todos los derechos laborales de la trabajadora desvinculada: “Se abonará el 100% de la indemnización, lo cual representa 33 millones de pesos. Es una cifra alta, pero a partir de ahora la parroquia podrá recuperar su equilibrio económico en pocos meses y garantizar el sostenimiento de las 26 capillas que también administra”, subrayó.
Consultado sobre la colaboración de la feligresía, Cañete admitió que las contribuciones económicas son menores en comparación con otras confesiones religiosas. “Si cada una de las 1.200 familias colaborara con un aporte fijo, no tendríamos este problema. Pero la Iglesia Católica nunca va a exigir dinero. Siempre apelamos a la generosidad libre de los fieles”, sostuvo.
Finalmente, el sacerdote transmitió tranquilidad a la comunidad. “Todo el procedimiento fue realizado de forma legal y transparente, en coordinación con el obispado. Tengo la paz de haber actuado correctamente y pensando en el bien de la comunidad parroquial”, concluyó.
La situación, que evidenció las dificultades económicas que atraviesan muchas parroquias, reabrió el debate sobre el sostenimiento financiero de las comunidades católicas en tiempos de crisis.