El ex presidente fue convocado este viernes en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones de seguros durante su mandato. La Cámara Federal también revocó la inhibición de bienes sobre todos los imputados.
El juez federal Sebastián Casanello citó al ex presidente Alberto Fernández para ampliar su declaración indagatoria en la denominada «causa seguros», que investiga presuntas maniobras irregulares en contrataciones realizadas por distintos organismos del Estado a través de Nación Seguros. La audiencia está prevista para este viernes a las 10 de la mañana, luego de que el propio Fernández solicitara declarar nuevamente ante una inminente definición sobre su situación procesal.
El ex mandatario ya había prestado declaración indagatoria en noviembre de 2024, cuando el expediente estaba a cargo del juez Julián Ercolini. En esa ocasión, Fernández se limitó a responder las preguntas de su abogada defensora, Mariana Barbitta, y presentó un escrito en el que defendió el Decreto 823/2021, norma que eliminó el sistema de coaseguro y otorgó a Nación Seguros un rol central en la contratación de pólizas por parte del Estado.
Sobre la participación de intermediarios, el ex presidente aseguró entonces que su intervención “no generaba una erogación al erario público” y que las comisiones se limitaron al 10% por decisión interna de la aseguradora estatal. También intentó despegarse de los brokers, afirmando que había sido históricamente un opositor a ese sector durante su gestión como superintendente de seguros.
Cambio de juez y avance de la causa
La causa pasó a manos del juez Casanello en febrero de este año, tras la finalización del subrogante Ercolini en el Juzgado Federal N.º 11. Casanello revisó la totalidad de la documentación existente, solicitó nuevas pruebas y abrió otras líneas de investigación.
Una de esas líneas apunta a Daniel “El Gordo” Rodríguez, ex administrador de la quinta presidencial de Olivos y figura cercana a Fernández. En abril, el magistrado solicitó un informe patrimonial integral a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y levantó el secreto fiscal de Rodríguez.
También se incorporó un informe clave de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), presentado en mayo, que analiza los movimientos financieros de Fernández entre 2010 y 2019, período en el que habría facturado más de 4,2 millones de pesos a la empresa del broker Héctor Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales.
Revocan la inhibición de bienes
Este jueves, la Cámara Federal revocó la inhibición general de bienes que pesaba sobre Fernández y otros 50 imputados, entre personas físicas y empresas. La medida había sido dictada en abril por Casanello, replicando una disposición similar tomada por Ercolini en 2024, también revocada en su momento.
En un fallo dividido, el tribunal consideró que la medida carecía de justificación suficiente en la etapa actual del proceso. El camarista Martín Irurzun sostuvo que la inhibición “carece de la debida fundamentación”, mientras que su par Eduardo Farah remarcó que las indagatorias se realizaron hace más de seis meses y no se presentaron elementos que indiquen riesgo de ocultamiento o fuga de bienes. El juez Roberto Boico votó en disidencia a favor de mantener las medidas cautelares.
La decisión fue celebrada por las defensas, que desde hace semanas reclamaban una resolución. La inhibición afectaba a figuras como el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; al broker Martínez Sosa; a la esposa de este, María Cantero; a la ex secretaria de Fernández, y a las empresas Bachellier, San Ignacio, San Germán, TGG Broker, entre otras.
Ahora, con la declaración de Fernández programada para este viernes, se espera que el juez Casanello avance en las definiciones procesales de los imputados en una causa que podría tener impacto político y judicial en los próximos meses.