Tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó cumplir la pena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario en su departamento del barrio de Monserrat y sin el uso de tobillera electrónica. Su defensa argumentó motivos de seguridad personal, su edad —72 años— y el intento de asesinato que sufrió en 2022.
En un escrito de 13 páginas presentado ante el Tribunal Oral Federal 2, los abogados de la ex mandataria, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, expusieron que «una cárcel no es compatible con los recaudos de seguridad» que deben garantizarse para una persona que fue presidenta y vicepresidenta de la Nación.
El planteo fue presentado luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los recursos presentados por la defensa y dejara firme la condena en la causa Vialidad por defraudación al Estado. En ese marco, los jueces del TOF 2 ordenaron que Kirchner y los otros ocho condenados se presenten en Comodoro Py para su detención y solicitaron al Ministerio de Seguridad que designe un lugar de alojamiento para cada uno.
Entre los fundamentos para solicitar el arresto domiciliario, la defensa de Cristina Kirchner argumentó que su condición de ex jefa de Estado implica un nivel de exposición que requiere medidas especiales, debido a que durante su mandato accedió a información clasificada y sigue bajo custodia de la Policía Federal. En esa línea, recordaron el intento de homicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó con un arma a centímetros del rostro. También señalaron que uno de los imputados en ese expediente tendría vínculos con el entorno del actual Ministerio de Seguridad de la Nación, haciendo una alusión indirecta al diputado Gerardo Milman y a su relación con Patricia Bullrich.
“El cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados”, afirmaron los letrados. Asimismo, advirtieron que alojar a Kirchner en una cárcel implicaría imponerle un régimen de aislamiento total y vigilancia permanente, condiciones que —según remarcaron— podrían constituir tratos inhumanos o crueles, prohibidos por la Constitución y tratados internacionales.
Además, los abogados invocaron su edad como otro argumento: la ley prevé la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a personas mayores de 70 años, aunque no lo establece como un derecho automático.
Por otro lado, pidieron que no se le imponga una tobillera electrónica, habitual en los casos de prisión domiciliaria, al considerar que la ex presidenta cuenta con custodia permanente de las fuerzas federales, lo que haría innecesario el uso de ese dispositivo. “El uso de tobillera electrónica por parte de nuestra representada deviene completamente innecesario”, plantearon.
Sin embargo, la Ley de Ejecución Penal establece que el uso del dispositivo electrónico es obligatorio en los casos de prisión domiciliaria, lo que podría generar un punto de conflicto con la solicitud presentada.
Mientras el Tribunal resuelve el planteo, los defensores solicitaron que Cristina Kirchner permanezca en su domicilio y no sea trasladada a ninguna unidad penitenciaria ni dependencia policial.
El juez Jorge Gorini, uno de los magistrados que integran el Tribunal Oral Federal 2, ya pidió a la ministra Patricia Bullrich que, en un plazo de 24 horas, designe una dependencia adecuada para el alojamiento de los condenados, teniendo en cuenta —en el caso de la ex presidenta— su edad, su rol institucional previo y los riesgos específicos en su contra.
La resolución final sobre el pedido de prisión domiciliaria y la eximición del uso de tobillera electrónica estará en manos del Tribunal, que deberá consultar previamente la opinión de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Ambos ya solicitaron la “inmediata detención” de todos los condenados. Con información de Infobae