Con el proyecto de ley del Régimen Simplificado, se busca “blindar” a los contribuyentes con presunción de buena fe y reducir las denuncias penales por evasión
El Gobierno nacional presentó un ambicioso proyecto de ley que propone un giro radical en el sistema tributario argentino, centrado en el Impuesto a las Ganancias. El eje de la iniciativa es el nuevo Régimen Simplificado, que limitará las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación de Argentina (ARCA) exclusivamente a la última declaración jurada presentada por cada contribuyente, en línea con el principio de presunción de buena fe.
El proyecto, presentado en la Casa Rosada por el titular de ARCA, Juan Pazo, y el diputado José Luis Espert, también establece que las deudas tributarias prescribirán a los tres años. “Con esto limitamos la fiscalización al período de la última declaración jurada”, explicaron desde el Gobierno. “Se presume que la presentación del contribuyente es real hasta que se demuestre lo contrario”, agregaron.
¿Quiénes podrán ingresar al régimen?
El nuevo régimen estará destinado a personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio que no supere los $10.000 millones. La verificación de estas condiciones deberá hacerse respecto del año anterior al de la adhesión, y en los dos años previos, con el fin de evitar maniobras de vaciamiento patrimonial para acceder al beneficio.
ARCA se reserva el derecho de establecer requisitos adicionales, como el análisis del origen de los ingresos. Además, si el contribuyente acepta la determinación impositiva propuesta por ARCA y paga en término, obtendrá un efecto liberatorio para ese período. Este beneficio no aplica si se detecta ocultamiento de ingresos, deducciones indebidas o el uso de facturas apócrifas.
Tapón fiscal y reducción de denuncias penales
El proyecto incorpora una herramienta que fue denominada como “tapón fiscal”, que incluye una ventana por única vez para regularizar deudas impositivas sin enfrentar consecuencias penales. Si el contribuyente cancela el monto adeudado —capital e intereses— antes de que ARCA formalice una denuncia, se bloqueará la vía judicial.
En caso de que la denuncia ya haya sido presentada, el contribuyente podrá de todos modos evitar el proceso penal, aunque deberá abonar el total de la deuda con un 50% adicional. Según explicaron fuentes oficiales, esta medida busca ofrecer una alternativa para la restitución rápida del dinero y evitar litigios prolongados.
“Actualmente existe esta posibilidad solo una vez. Con este proyecto, aún con denuncia penal, se podrá acceder al beneficio con una penalización económica adicional”, indicaron desde la Casa de Gobierno. La medida está pensada como un “castigo fuerte” que incentive la regularización voluntaria.
Discrepancias y umbrales
Otro aspecto clave del proyecto es el establecimiento del criterio de “discrepancia significativa”. ARCA podrá revisar una declaración cuando detecte una diferencia mayor al 15% entre lo informado por el contribuyente y los datos de los que dispone el organismo.
Además, el Gobierno elevará los montos mínimos a partir de los cuales se puede investigar penalmente una evasión: para los casos de evasión simple, el piso será de $100 millones. Con este nuevo umbral, se estima que solo quedarán vigentes 198 de las actuales 6.652 denuncias penales activas.
Cambio de paradigma tributario
“El objetivo principal del proyecto es cambiar el paradigma del régimen tributario argentino: pasar de uno persecutor a uno recaudador”, destacaron desde el Ejecutivo. En ese sentido, consideran que limitar la fiscalización a una sola declaración jurada y ampliar las facilidades para la regularización generarán mayor certidumbre, impulsarán la economía informal hacia la formalidad y reactivarán el circuito financiero interno, especialmente en el contexto de medidas para atraer los dólares del “colchón”.
El proyecto ya fue girado a la Cámara de Diputados, donde comenzará a ser debatido en comisiones en los próximos días. Desde el oficialismo confían en que la propuesta será bien recibida por los sectores productivos, aunque reconocen que el debate parlamentario será clave para su aprobación definitiva. Infobae