El Gobierno de Javier Milei oficializó el martes 28 de mayo una profunda reforma del régimen migratorio mediante el Decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida introduce modificaciones sustanciales a la Ley de Migraciones N° 25.871, con el propósito de restringir los requisitos para la residencia y acelerar los procesos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales.
Entre los principales puntos del decreto, se destacan nuevos criterios de acceso a servicios públicos, mayores exigencias para permanecer legalmente en el país y controles más estrictos al ingresar a territorio argentino.
Cambios en el acceso a salud y educación
El decreto establece que solo los residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos. No obstante, en los establecimientos sanitarios gestionados por el Estado Nacional, la atención médica habitual estará sujeta a la presentación de un seguro de salud o el pago previo del servicio, de acuerdo a lo que disponga el Ministerio de Salud.
En cuanto a la educación, se garantiza el acceso en condiciones de igualdad para los extranjeros con residencia permanente. Además, se ratifica la gratuidad de los estudios de grado en universidades estatales exclusivamente para argentinos y residentes permanentes.
Nuevas exigencias migratorias
Otro punto relevante es la implementación de una declaración jurada obligatoria al ingresar al país, en la cual el extranjero deberá informar el motivo de su ingreso y comprometerse a no modificarlo sin autorización. Asimismo, se reforzarán los controles sobre la documentación presentada por los inmigrantes, exigiendo autenticidad y veracidad.
Residencia y naturalización: requisitos más estrictos
Los extranjeros que deseen obtener la residencia permanente deberán acreditar medios de vida lícitos y no poseer antecedentes penales. Por su parte, el acceso a la naturalización quedará reservado a mayores de 18 años con al menos dos años de residencia continua en el país, salvo en los casos de inversiones significativas, que permitirán omitir ese plazo.
Posturas enfrentadas
Las reformas generaron preocupación en organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles restricciones a los derechos fundamentales de la población migrante. Señalan que las nuevas condiciones podrían dificultar el acceso a servicios básicos como salud y educación.
Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que las medidas buscan ordenar el sistema migratorio, combatir la delincuencia transnacional y preservar el orden público.
Esta reforma representa un giro en la política migratoria argentina, con impacto directo en la vida de miles de personas que llegan al país en busca de oportunidades y mejores condiciones de vida.