Tras el reciente anuncio del Gobierno sobre un paquete de medidas destinado a flexibilizar los controles fiscales y alentar el uso de los conocidos «dólares del colchón», economistas y consultoras coincidieron en que el impacto en el mercado no será inmediato y que el objetivo real de la iniciativa estaría más vinculado a combatir la informalidad económica que a fomentar la dolarización.
El plan, denominado oficialmente “Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, se divide en dos etapas: la primera —ya oficializada a través del Boletín Oficial— reduce significativamente los regímenes de información fiscal que recaen sobre personas físicas y jurídicas. La segunda etapa, en tanto, contempla el envío al Congreso de un proyecto para modificar la ley penal tributaria y blindar estos cambios ante eventuales retrocesos.
“Está diseñado para reducir drásticamente la vigilancia estatal sobre la actividad financiera personal”, explicaron desde la consultora Adcap, que remarcó la eliminación de reportes fiscales relacionados con consumos cotidianos, como compras con tarjeta de crédito, pagos de servicios y operaciones inmobiliarias. No obstante, advirtieron que si bien el nuevo marco podría ofrecer “un modesto incentivo” a quienes poseen dólares no declarados, su efecto sería limitado en el corto plazo.
La lectura generalizada entre los analistas es que el plan tiene un enfoque más estructural. “Las medidas parecen estar orientadas a combatir la informalidad, simplificar el régimen tributario y reducir la carga de información, más que a fomentar directamente la dolarización”, evaluaron desde Puente Research.
En esa línea, sostuvieron que no se espera que la iniciativa tenga un efecto inmediato en el mercado cambiario ni que presione a la baja el tipo de cambio. Sin embargo, podría contribuir a una mayor bancarización y facilitar el uso del dólar en ciertas transacciones, lo cual “podría traducirse en un aumento de los depósitos en moneda extranjera y en las reservas brutas y líquidas del sistema financiero”.
El economista Gabriel Caamaño reforzó esta mirada al señalar que el eje central está puesto en reducir los costos transaccionales y bancarizar más operaciones. “No se observa una política específica para atraer dólares no declarados. A largo plazo, debería acompañarse con una baja de la presión tributaria para cumplir con el objetivo de reducir la evasión”, analizó.
Las medidas concretas anunciadas
El titular de la Agencia Federal de Ingresos, Juan Pazo, enumeró varios cambios clave que el Gobierno impulsa en esta etapa. Entre ellos, la elevación a $50 millones del umbral a partir del cual los bancos deben informar transferencias y extracciones realizadas por personas físicas. Además, se elimina la obligación de reportar consumos con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.
También se anunció la reforma del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, y el Banco Central, a través de su presidente Santiago Bausili, anticipó la creación de un Sistema de Finanzas Abiertas (SFA). Este nuevo sistema buscará reducir la burocracia para quienes interactúan con entidades financieras, con el objetivo de facilitar el acceso y uso de los servicios bancarios.
A la espera del tratamiento legislativo de la segunda etapa, el Gobierno apuesta a generar condiciones que impulsen la confianza y la formalización del ahorro, aunque el ingreso masivo de dólares al sistema financiero —según coinciden los analistas— aún parece lejano. Con información de El Territorio