El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia y la República (FADD) presentó una ampliación de la denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro, que en 2023 había sido acusado de delitos de lesa humanidad. En esta ocasión, el organismo sumó la violación de tratados internacionales sobre asilo político, en respuesta al asedio que sufren colaboradores de María Corina Machado refugiados en la Embajada argentina en Caracas desde marzo.
Asedio y condiciones precarias
La denuncia, liderada por el abogado Tomás Farini Duggan, representante del FADD, destaca la situación crítica de cinco dirigentes políticos: Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar González, quienes permanecen asilados en la sede diplomática. Según el documento, «los refugiados enfrentan amenazas a su vida y seguridad», agravadas por la presencia de francotiradores, cortes de servicios esenciales como agua y electricidad, y el bloqueo del acceso de personal de la embajada para entregar provisiones.
Un sexto dirigente, Fernando Martínez Mottola, abandonó la embajada el 20 de diciembre y presuntamente se encuentra bajo prisión domiciliaria.
Violaciones a los tratados internacionales
El FADD señaló que las acciones del gobierno de Venezuela transgreden varios acuerdos internacionales, entre ellos la Convención sobre Asilo Diplomático, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Este último instrumento establece que la ruptura de relaciones diplomáticas no exime al país receptor de sus obligaciones de proteger las instalaciones de la misión diplomática.
El abogado Farini Duggan destacó que «el Gobierno de Venezuela se ha negado a otorgar los salvoconductos necesarios para que los asilados puedan viajar a Argentina, incumpliendo así las normas internacionales». Además, denunció el uso de drones para sobrevolar el espacio aéreo de la embajada y la instalación de francotiradores en sus alrededores.
Condiciones de vida deterioradas
El 14 de diciembre, los asilados difundieron un comunicado vía Zoom en el que alertaron sobre el «acoso psicológico» que enfrentan. Magalli Meda, una de las refugiadas, denunció que llevan 35 días sin electricidad y que no pueden salir a buscar agua. En su cuenta de X (antes Twitter), escribió: «Nuestros salvoconductos son un derecho» y cuestionó la función de las embajadas en Venezuela bajo el régimen de Maduro.
Denuncias respaldadas internacionalmente
La denuncia inicial del FADD en 2023 ya contaba con respaldo de informes elaborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Human Rights Watch y otras ONG. Estos documentos exponen graves violaciones a los derechos humanos, como persecuciones, torturas y desapariciones forzadas, que fueron calificadas como «terrorismo de Estado».
Con esta ampliación, el FADD busca intensificar la presión internacional sobre el régimen venezolano, en un contexto donde las condiciones de los asilados continúan deteriorándose y las garantías de derechos humanos parecen ausentes. TN