El Gobierno nacional anunció el martes una serie de modificaciones al régimen migratorio que incluyen el cobro de aranceles en hospitales públicos y universidades nacionales para extranjeros no residentes. La medida fue presentada en una conferencia de prensa en Casa Rosada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien detalló que estas políticas buscan optimizar los recursos estatales y reforzar la soberanía del país.
Adorni señaló que actualmente «uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero» y aseguró que el cobro de aranceles proporcionará a las instituciones educativas una fuente adicional de financiamiento.
En cuanto al sistema de salud público, explicó que dejará de ser completamente gratuito para extranjeros no residentes. Serán los organismos nacionales, provinciales y municipales los encargados de definir las condiciones de acceso, incluyendo la implementación de tarifas por los servicios. Como ejemplo, mencionó la experiencia de la provincia de Salta, que aplicó una política similar y logró reducir un 95% la atención a extranjeros, generando un ahorro de 60 millones de pesos. «Esto implica ahorro fiscal y mejor atención para los ciudadanos residentes», afirmó.
Además, el Gobierno endurecerá las normativas migratorias. Entre las principales reformas, se ampliará la lista de delitos que podrían motivar la deportación, incluyendo la comisión de actos flagrantes o acciones contra el sistema democrático. Asimismo, se reforzarán los controles fronterizos para impedir el ingreso de personas con documentación irregular o intenciones distintas a las declaradas.
Una de las medidas más estrictas establece penas de prisión para quienes violen prohibiciones de reingreso al país. Según Adorni, estas reformas buscan garantizar un «país ordenado que cuide sus fronteras y proteja a sus ciudadanos».
En su declaración, el vocero destacó el legado de inmigración en Argentina, subrayando que históricamente el país ha recibido a quienes contribuyeron a su desarrollo. Sin embargo, aseguró que en los últimos años las políticas permisivas permitieron el ingreso de personas que perjudican a la sociedad. «El objetivo es claro: malandras, ocupas y oportunistas deben quedarse fuera de nuestras fronteras. Este es un país para quienes vienen a construir, no a destruir», concluyó. Infobae