Una auditoría realizada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, reveló irregularidades en miles de cooperativas y mutuales. Como resultado, 8.588 cooperativas y 673 mutuales perdieron su autorización para operar, mientras otras 7.887 cooperativas y 418 mutuales están bajo sumario y riesgo de suspensión definitiva.
El relevamiento, calificado como “sorprendente” por fuentes de la Casa Rosada, evidenció un preocupante incremento del 139% en el padrón de cooperativas entre 2019 y 2023, alcanzando un total de 23.836 entidades. La mayoría del crecimiento provino de cooperativas de trabajo, que representaron el 97% de las nuevas inscripciones. Sin embargo, esta expansión estuvo acompañada de graves incumplimientos, como la falta de registros de asambleas y balances, así como casos de personas asociadas a múltiples cooperativas, un hecho calificado como irregular.
Un sector con millonarios subsidios bajo la lupa
Durante el gobierno de Alberto Fernández, las cooperativas y mutuales recibieron casi $30 mil millones en subsidios estatales. Según el informe, $18.391 millones provinieron de la Secretaría de Economía Popular, liderada entonces por Emilio Pérsico, mientras que $11.574 millones fueron canalizados a través del INAES. Gran parte de estos recursos benefició a organizaciones vinculadas a movimientos sociales peronistas como el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la CCC.
Algunas entidades destacadas entre las mayores beneficiarias incluyen:
- Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada y Asociación Civil el Amanecer de los Cartoneros: ambas vinculadas a Juan Grabois, recibieron $1.200 millones cada una.
- Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, asociada al Movimiento Evita, obtuvo $651 millones.
- Asociación Civil SER.CU.PO, vinculada al programa Potenciar Trabajo, recibió $639 millones.
Impacto de las irregularidades
La auditoría también identificó más de 10.000 cooperativas suspendidas previamente sin investigación ni sumarios, lo que dejó expuesto un sistema inflado y descontrolado. Para las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, el gobierno implementó medidas drásticas, como la suspensión preventiva de más de 11.000 entidades.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en marzo de 2024 que estas medidas fueron necesarias ante “irregularidades graves”, como la duplicación de asociados y domicilios, además de la falta de presentación de balances.
Un sector en busca de transparencia
Desde el INAES, encabezado por Marcelo Collomb, se subrayó la necesidad de recuperar la legalidad y la confianza en el sector. Collomb, quien ya había liderado el instituto entre 2015 y 2019, implementó un plan de acción para depurar el padrón de cooperativas y mutuales.
“Buscamos restablecer la transparencia en un sector clave para la economía social del país”, afirmó un funcionario del INAES. Las cooperativas que no cumplan con los requisitos serán desafiliadas y enfrentarán acciones legales.
El proceso de reordenamiento refleja el compromiso del actual gobierno con la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, mientras que las investigaciones judiciales avanzan sobre posibles casos de desvío de fondos y lavado de dinero relacionados con las cooperativas suspendidas. Infobae