Intervención del Jockey Club de Posadas por irregularidades en elección de autoridades


El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones ha decidido intervenir el Jockey Club de Posadas tras detectar graves irregularidades en la reciente asamblea de elección de autoridades, donde se designó a Gustavo Mussi como presidente. Esta medida surge a raíz de denuncias presentadas por socios del club, que llevaron a una revisión exhaustiva de los procedimientos utilizados en la elección.

La intervención se intensificó tras el escándalo suscitado durante la Copa Challenger, en la que un caballo falleció durante la carrera, y se revelaron apuestas ilegales que fueron captadas en video y difundidas en redes sociales por asistentes al evento.

Designación de Joaquín Cabral como interventor

El Ministerio ha nombrado a Joaquín Cabral, actual director de Asuntos Municipales de la Provincia, como el nuevo interventor. Aunque Cabral no ha ofrecido declaraciones oficiales, fuentes cercanas han confirmado que su función principal será auditar la gestión anterior y organizar una nueva asamblea para elegir a una nueva comisión directiva.

Como consecuencia de las irregularidades, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) ha revocado la autorización del club para operar y le ha impuesto una multa de 20 millones de pesos.

Irregularidades en la asamblea del 30 de agosto

La Dirección de Personería Jurídica ha calificado como “irregular e ineficaz” la asamblea realizada el 30 de agosto, donde Mussi fue elegido presidente. La reunión fue convocada por el presidente interino, Víctor Martínez, quien enfrentó críticas por la falta de transparencia en el proceso electoral. Cuatro agrupaciones de socios presentaron pruebas que evidencian anomalías, incluyendo la no presentación del padrón a tiempo y discrepancias en la lista de socios con derecho a voto.

Cabe destacar que, aunque Mussi no asumió oficialmente el cargo, Martínez firmó un contrato de comodato para ceder las instalaciones del hipódromo a los organizadores de la Copa Challenger, lo que exacerbó la controversia. Martínez defendió su decisión al argumentar que los organizadores asumieron la responsabilidad de la seguridad y la logística del evento, no obstante, la intervención se basa en las irregularidades observadas en la asamblea previa a la Copa Challenger. Primera Edición