El juez Miguel Ángel Faria, a cargo del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, ha ordenado la prisión preventiva de Sebastián Kiczka, quien enfrenta serias acusaciones relacionadas con la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Esta medida se toma en el contexto de un caso que también involucra a su hermano, el exdiputado Germán Kiczka.
Según fuentes judiciales consultadas por El Territorio, la decisión fue emitida el mediodía de este viernes, tras una fallida ampliación de indagatoria en la que Sebastián Kiczka optó por no declarar, debido a la ausencia de su abogado defensor en la audiencia.
Sebastián Kiczka permanecerá en la Unidad Penal de Cerro Azul hasta el juicio correspondiente, situación que comparte con su hermano, el cual también se encuentra bajo la misma imputación.
El juez Faria detalló en su resolución que Sebastián Kiczka está acusado de la presunta tenencia, facilitación y distribución de alrededor de 319 archivos multimedia que contienen contenido de explotación sexual infantil. La investigación ha identificado que estos archivos incluyen imágenes de niñas y niños de corta edad, algunos de los cuales no superan los 13 años, siendo víctimas de prácticas de abuso sexual.
Además, el expediente destaca la evidencia encontrada durante un allanamiento en el hogar del padre de los imputados, donde se recuperaron conversaciones digitales de Sebastián. En estos chats, Kiczka expresa su interés por aplicaciones dirigidas a menores y hace referencia a sus interacciones sexuales con ellas. “Yo me bajé una app para ver nenitas… 12 años”, son algunas de las escalofriantes declaraciones obtenidas. En otra conversación, habla sobre una vecina de 5 años y menciona esperar 5 años para tener un encuentro.
Se ha determinado, asimismo, que Kiczka realizaba búsquedas relacionadas con zoofilia en páginas pornográficas y que se sospecha que varios registros de abusos sexuales fueron eliminados. La causa está caratulada como “Publicaciones, reproducciones y/o distribuciones de representaciones de un menor dedicado a las actividades sexuales explícitas”, de acuerdo con el artículo 128 del Código Penal Argentino.
El caso ha generado una gran conmoción social en la región, y las autoridades judiciales continúan investigando la red de abusos vinculada a los imputados. El Territorio