El plan económico del Gobierno nacional, que ha llegado a su octavo mes desde su implementación tras el cambio de mandato en diciembre, ha estado marcado por una serie de decisiones que priorizan la reducción de la inflación, a menudo a expensas de la acumulación de reservas y sin un claro retorno al mercado de capitales o un acuerdo renovado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En medio de un panorama global de incertidumbre financiera, la administración se ha fortalecido en su defensa del cepo cambiario, una medida que ha sido resistida por algunos economistas. A pesar del aumento en el riesgo país, una métrica crucial al inicio de su mandato, el Gobierno ha minimizado su importancia, señalando que la prioridad ahora es garantizar la capacidad de pago de la deuda, incluso sin acceder a nuevos créditos internacionales.
Analistas como Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, destacan que, aunque el control fiscal y la lucha contra la inflación son claras prioridades gubernamentales, existe incertidumbre sobre la dirección futura de la política cambiaria. La posibilidad de levantar el cepo y la evolución hacia un tipo de cambio flotante son áreas aún no definidas, lo que genera un costo de incertidumbre para el país.
El informe de la Fundación Mediterránea, liderado por Jorge Vasconcelos, resalta que la indefinición sobre el futuro régimen monetario afecta las decisiones empresariales a mediano y largo plazo. En este contexto, el uso de alternativas como el oro de las reservas y la posible emisión de bonos con garantía internacional son señales de la presión sobre las reservas.
Mientras tanto, el Banco Central ha dado señales de que, a pesar de su plan de «emisión cero», aún existe margen para expandir la base monetaria, lo que indica que el régimen monetario futuro no está completamente definido. El mercado, por lo tanto, sigue con dudas sobre la política monetaria de 2025, una situación que no ha sido resuelta con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno. Infobae