La justicia argentina ha impuesto una restricción de acercamiento perimetral contra el expresidente Alberto Fernández, luego de que la ex primera dama, Fabiola Yáñez, lo denunciara por “violencia física y mental”. La denuncia fue presentada de forma virtual ante el juez Julián Ercolini.
Este 6 de agosto, Fabiola Yáñez solicitó una audiencia ampliatoria vía zoom, donde manifestó haber sido víctima de lo que calificó como “terrorismo psicológico” y acoso telefónico diario por parte de Fernández. A pesar de haber recibido una sugerencia previa de no continuar con la acción penal, Yáñez decidió proseguir con la denuncia, señalando su deseo de instar a la justicia.
En cuanto al bienestar de su hijo, Yáñez indicó que el contacto con Fernández debería realizarse a través de su madre, con el fin de preservar el vínculo familiar. Además, expresó inquietudes sobre la custodia policial asignada, al considerarla cercana al denunciado, y solicitó medidas de protección que incluyeran la prohibición de acercamiento de Fernández a su persona y a su domicilio en Madrid, España.
A raíz de los alegatos expuestos, el juez Ercolini determinó una serie de medidas preventivas. Se estableció una prohibición para Fernández de acercarse a menos de 500 metros de Yáñez y se impidió su salida del país. El exjefe de Estado deberá cesar de inmediato cualquier acto de perturbación o intimidación, tanto en el ámbito físico como digital.
El juez dejó claro que el incumplimiento de estas órdenes podría resultar en acciones legales adicionales. Asimismo, se enviará un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación para fortalecer la custodia en favor de Yáñez.
El testimonio de Yáñez se llevó a cabo desde Madrid, donde reside desde su separación del exmandatario. Según su abogado, una vez recibido el relato, el juez determinará la vía de investigación y qué testimonios serán considerados en el proceso.
El caso se presenta en un contexto de creciente interés mediático y social, dado el perfil del denunciado y la gravedad de las acusaciones. Se espera que el registro y análisis de pruebas previas jueguen un papel crucial en el desarrollo del proceso judicial.