El Gobierno Nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, anunció la baja de 60.000 pensiones por invalidez otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debido a incompatibilidades con los requisitos solicitados. La decisión se tomó tras una auditoría exhaustiva realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la cual reveló una amplia actividad fraudulenta con un desvío de fondos estimado en 3.400 millones de dólares solo en el último año.
El informe, presentado por Adorni en una conferencia de prensa, contó con la colaboración del Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo. La auditoría reveló que durante los gobiernos entre 2003 y 2015, las pensiones no contributivas por invalidez laboral aumentaron de 79.000 a 1.000.045 beneficiarios. Para diciembre de 2023, la cifra ascendió a 1.222.000 beneficiarios, un número que Adorni calificó de «estratosférico» y sin justificación aparente.
Entre las irregularidades detectadas, Adorni destacó que en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 683 empleados reciben una pensión por invalidez, de las cuales el 65% fueron otorgadas en menos de 30 días. Además, se descubrió que en la provincia de Chaco, una misma radiografía de hombro fue utilizada como prueba en 150 casos diferentes. Un caso particularmente alarmante fue el de un médico en Corrientes que adjuntó la radiografía de un perro para obtener una pensión.
Adorni también mencionó que el INDEC reportó una recuperación económica en mayo, con un crecimiento interanual del 2,3% respecto al mismo mes del año anterior, y del 1,3% respecto a abril. Además, se cancelaron contratos de opciones de liquidez por 13.17 billones de pesos, lo que representaba un riesgo económico significativo.
El vocero presidencial subrayó que la auditoría descubrió que 25.000 personas con pensiones por invalidez actualmente están trabajando, y que muchas de las 60.000 pensiones a dar de baja corresponden a individuos con múltiples propiedades, autos, embarcaciones y hasta aviones privados. Además, cada uno de estos beneficiarios también recibía el servicio de obra social Incluir Salud, lo que implicaba una transferencia promedio del gobierno nacional de 1.5 millones de pesos por afiliado.
Adorni enfatizó que las pensiones por discapacidad deben destinarse únicamente a quienes realmente tienen una discapacidad que les impide trabajar y necesitan esta prestación, y no ser utilizadas como parte de un gran negocio fraudulento. «Cada pensión otorgada de manera fraudulenta será denunciada penalmente», afirmó, añadiendo que la administración del presidente Javier Milei está comprometida a terminar con la corrupción y el mal uso de los fondos públicos. El Territorio