Milei prioriza reglamentación del paquete fiscal y posterga reestructuración del Gabinete


El presidente Javier Milei ha decidido posponer la publicación del esperado «decreto 50», conocido internamente en la Casa Rosada, para fines de julio. Esta decisión responde a la necesidad prioritaria de avanzar con la reglamentación de la Ley Bases y el paquete fiscal, informaron fuentes cercanas al Ejecutivo.

María Ibarzabal, secretaria de Planeamiento Estratégico y responsable de los proyectos técnicos clave, enfrenta múltiples desafíos que han retrasado la implementación del decreto. Según informes, esta postergación podría extenderse hasta dos semanas, afectando la agenda inicial del Gobierno.

En paralelo, la administración define el futuro de importantes empresas públicas como Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Correo y Corredores Viales. Existe un debate interno sobre si estas entidades deben permanecer bajo la órbita del jefe de gabinete, Guillermo Francos, o ser transferidas al Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo.

Guillermo Francos busca un rol más orientado hacia responsabilidades políticas, mientras que algunos sectores del Gobierno ya han consolidado la estructura de estas empresas, complicando cualquier cambio estratégico.

El decreto «50» también establecerá el marco para la Unidad Ejecutora de Empresas, dirigida por Diego Chaher, con el objetivo de avanzar en procesos de privatización. Empresas como Energía Argentina, Intercargo, y Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) están entre las que serán afectadas por estas decisiones.

Además, el Gobierno evalúa el futuro de la secretaría parlamentaria y otras estructuras administrativas, reflejando un proceso integral de reorganización interna que acompaña a estas reformas.

La reforma incluirá también cambios significativos en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que bajo el liderazgo de Sergio Darío Neiffert se transformará en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con nuevas divisiones y un organismo de fiscalización interna.

Esta medida forma parte de una serie de iniciativas destinadas a optimizar la gestión estatal y preparar el terreno para acuerdos clave, como los negocios con el Fondo Monetario Internacional (FMI), programados para finales de año.