A partir de esta semana, las obras sociales sindicales nacionales tienen vía libre para establecer los costos de los coseguros, una medida que afectará a casi la mitad de los argentinos. Hasta ahora, el Ministerio de Salud imponía límites a estos pagos adicionales que los pacientes debían cubrir por ciertas prestaciones médicas.
Simultáneamente, el Gobierno nacional ha solicitado la renuncia de los coordinadores provinciales de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo encargado de supervisar a las obras sociales, dejando las delegaciones provinciales vacantes a partir del 1 de julio.
La Resolución 1926/2024, publicada recientemente, otorga a las obras sociales y prepagas la autoridad para fijar los coseguros sin restricciones previas. Esta medida afecta directamente a más de 15 millones de personas con obra social sindical y cerca de 6 millones que utilizan prepagas.
Los coseguros son montos adicionales que los pacientes deben pagar por cada servicio médico recibido, y hasta ahora, el Estado establecía los máximos permitidos según el tipo de prestación. A partir de esta resolución, las instituciones podrán ajustar estos valores según consideren necesario, siempre informando de manera transparente y con 30 días de antelación a los beneficiarios.
Aunque la resolución asegura que las prestaciones establecidas en el Plan Médico Obligatorio de 2002 mantendrán una cobertura del 100%, la medida podría significar un aumento significativo en los costos de atención para los afiliados.
Esta desregulación busca, según algunas voces, moderar el uso excesivo de los servicios de salud privados, aunque críticos advierten que podría resultar en un encarecimiento generalizado de la atención médica para los usuarios.
La medida ha generado preocupación entre los trabajadores de la Superintendencia de Servicios de Salud y entre los afiliados de las obras sociales, quienes temen un impacto directo en sus presupuestos familiares debido a potenciales aumentos en los coseguros.
Para más información sobre los cambios y su impacto, los beneficiarios deben estar atentos a las comunicaciones oficiales de sus respectivas obras sociales y prepagas. Primera Edición