El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, ha respondido con firmeza a las acusaciones en su contra por parte del sistema judicial. Ante el llamado a declaración indagatoria dictado por el Juez Sebastián Casanello, quien lo vincula junto a otros 22 dirigentes con presuntas prácticas de extorsión a beneficiarios de planes sociales, Belliboni ha afirmado: “El Gobierno me quiere preso porque le molestamos”.
En una declaración contundente, Belliboni rechazó categóricamente las acusaciones y manifestó su compromiso con el cumplimiento de la ley: “Siempre estuve ajustado a derecho y lo voy a estar. No hice nada malo. Los compañeros no hicieron ninguna de las porquerías que dice el Gobierno de (Javier) Milei y (Sandra) Pettovello”. Aunque aseguró que aún no ha recibido ninguna notificación oficial, anticipó su presentación ante la justicia el próximo 25 de junio.
El llamado a indagatoria ha generado reacciones en distintos sectores políticos y sociales. El Polo Obrero, junto a otras organizaciones de izquierda, ha anunciado movilizaciones frente a los tribunales de Comodoro Py para expresar su apoyo a los imputados. “No hice nada malo”, enfatizó Belliboni, quien será el último en declarar, precedido por otros dirigentes sociales.
Las acusaciones señalan la presunta participación del Polo Obrero en una “pirámide extorsiva”, donde se habrían utilizado fondos públicos destinados a asistencia social para coaccionar a beneficiarios y forzar su participación en movilizaciones políticas. Sin embargo, Belliboni y sus colaboradores niegan rotundamente tales prácticas y denuncian una campaña de persecución por parte del gobierno.
La investigación judicial, iniciada a raíz de allanamientos realizados en mayo, se basa en escuchas telefónicas y transcripciones de mensajes que, según el fiscal Gerardo Pollicita, apuntan a una presunta organización para exigir dinero y participación política a los beneficiarios de planes sociales.
Ante estas acusaciones, Belliboni ha reiterado su disposición a colaborar con la justicia y su confianza en que se demostrará su inocencia. Mientras tanto, desde su entorno se denuncia una estrategia de criminalización de la protesta social y se convoca a una movilización en defensa de los derechos de los trabajadores y los sectores más vulnerables.
La causa continúa en desarrollo, con una serie de declaraciones indagatorias programadas y un clima de tensión política en torno a las acciones del gobierno y la justicia frente a los movimientos sociales. Infobae