En una reunión que concluyó sin consenso, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) no logró definir un acuerdo sobre los ajustes necesarios en los salarios mínimos. Este desacuerdo deja en manos del Gobierno la tarea de determinar los aumentos mediante decretos, como ha ocurrido en el pasado reciente.
Actualmente, el salario mínimo se sitúa en $202.800 desde marzo, cifra que fue establecida unilateralmente por el gobierno de Javier Milei. Este mismo procedimiento se repetirá en los próximos tres meses, según lo anunciado.
Las diferencias entre las partes involucradas fueron significativas. Mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA proponían ajustes de hasta un 80% del SMVM, las centrales obreras sugirieron un incremento del 8% para mayo y un 5% para junio. Ante estas discrepancias, no se alcanzó un punto medio y la responsabilidad recae nuevamente en el Gobierno.
Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, expresó la posición unificada de las centrales sindicales en una propuesta de $377.000 para abril, equivalente al 80% de aumento, con el objetivo de superar la línea de pobreza. Sin embargo, las cámaras empresariales presentaron una propuesta de aumento del 8% para mayo y un 5% para junio, que fue rechazada por los sindicatos.
La determinación del nuevo salario mínimo es crucial, ya que no solo establece un piso para los trabajadores formales, sino que también influye en el salario inicial de los docentes y sirve como referencia para el trabajo informal y actividades no sindicalizadas.
Este desacuerdo no es nuevo. En el último encuentro en febrero, el SMVM se ubicaba en $156.000, y tampoco se llegó a un acuerdo, resultando en un incremento establecido mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
La constante discrepancia entre el aumento del salario mínimo y la inflación ha llevado a una disminución significativa del poder adquisitivo. Desde noviembre de 2019, el poder adquisitivo del salario mínimo ha caído un 44,7%, y desde noviembre de 2015, la caída alcanza el 57,7%.
En resumen, la falta de acuerdo en el Consejo del SMVM deja al Gobierno nuevamente en la responsabilidad de definir los aumentos, mientras persiste la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Ámbito