En el retorno a la actividad tras el fin de semana prolongado por Semana Santa y el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) inició una protesta nacional en rechazo a los más de 11.000 despidos en la administración nacional. Esta medida, que incluye un paro nacional y la ocupación masiva de oficinas públicas, generó momentos de tensión en varios puntos del país.
Los incidentes comenzaron en la sede del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), donde un grupo de trabajadores despedidos logró ingresar al edificio tras superar la valla policial dispuesta por las autoridades. Esta situación se replicó en otras dependencias estatales, como la Cancillería, el Servicio Meteorológico Nacional y la sede central del Conicet, entre otros lugares.
La protesta, que se desarrolla en todo el territorio nacional, cuenta con la presencia de la Policía Federal y efectivos porteños en los edificios públicos para garantizar la seguridad. En este contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el número de despidos asciende a alrededor de 15.000 contratos no renovados, como parte de un esfuerzo por reducir los gastos del Estado.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, denunció que el gobierno está vulnerando derechos fundamentales de los trabajadores y advirtió sobre la posibilidad de acciones legales contra las autoridades. Aguiar anunció la realización de un Plenario Federal para profundizar el plan de lucha y llamó a la Central General de Trabajadores (CGT) a establecer una fecha para un paro general conjunto.
En respuesta a las medidas de fuerza, el Gobierno implementó un fuerte operativo de seguridad para prevenir la toma de edificios públicos. El ministro de Defensa, Luis Petri, advirtió que se denunciará penalmente a quienes intenten ocupar estos espacios.
El recorte de empleos en la administración pública nacional, justificado por el gobierno como una medida para reducir gastos y eliminar cargos no necesarios, ha generado controversia. Mientras el gobierno argumenta que se trata de una necesidad para optimizar la gestión estatal, ATE sostiene que muchos de los despidos afectan a trabajadores con años de antigüedad y no están justificados como «ñoquis».
En este contexto, la tensión persiste en el ámbito laboral, mientras los sindicatos buscan respuestas a la crisis laboral que afecta a miles de trabajadores en todo el país. Según Infobae