El gobierno nacional ha anunciado una medida que impacta en la estabilidad laboral de los empleados del Estado. Según el decreto 286, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, los contratos de los empleados del Estado, renovados recientemente, tendrán una vigencia de tres meses. Una vez transcurrido este plazo, se evaluará la continuidad de los mismos, pudiendo ser renovados nuevamente o finalizados, según el criterio del Gobierno.
Este anuncio se produce en un contexto de tensión con los sindicatos, quienes han expresado su rechazo a los despidos en el sector público. Las disposiciones del decreto, que se dieron a conocer recientemente, establecen una serie de disposiciones que serán de aplicación en los próximos meses.
El artículo 1 del decreto establece: «Establécese que las contrataciones de personal destinado a la prestación de servicios en cumplimiento del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, y de otra forma de contratación, que hayan sido debidamente renovadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto N° 84 del 23 de diciembre de 2023, podrán ser renovadas hasta el 30 de junio de 2024».
Esta medida ha generado preocupación entre los trabajadores del Estado, especialmente aquellos que se encuentran en la denominada planta transitoria o con contratos bajo otra modalidad. Según denuncias del gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se estima que más de 10 mil trabajadores podrían verse afectados por estos ajustes.
El anuncio llega después de que numerosos empleados del Estado recibieran telegramas informando la finalización de sus contratos, en distintas reparticiones como ANSES, el Servicio Meteorológico Nacional, Parques Nacionales, ministerios y otros organismos.
En respuesta a esta situación, la ATE ha convocado a una jornada de lucha nacional para el próximo 3 de abril, con paros y asambleas en distintas provincias. Además, han amenazado con llevar a cabo tomas e ingresos forzosos en ministerios y otras dependencias públicas.
El Gobierno, por su parte, está evaluando cómo responder ante estas protestas, preocupado por los posibles efectos en la atención al público y la administración. La reducción de personal forma parte de una auditoría iniciada desde la Jefatura de Gabinete en los primeros días de la gestión Milei, como parte de las medidas para reducir gastos y revisar el estado de las cuentas públicas.