La propuesta de reforma previsional impulsada por el Gobierno de Javier Milei ha generado una ola de críticas y advertencias por parte de diversos sectores de la sociedad, especialmente entre los jubilados de menores ingresos, quienes se encuentran inmersos en un clima de incertidumbre y creciente preocupación.
Entre las voces destacadas en contra de estas medidas se encuentran las del reconocido gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, y la canciller Diana Mondino, quienes han expresado argumentos contundentes sobre los potenciales efectos negativos de la propuesta.
Semino ha señalado que la modificación propuesta en la movilidad jubilatoria, que ajustaría las jubilaciones de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), representaría un incremento insuficiente para hacer frente al aumento del costo de vida, estimado en un 70%. Advierte que esto podría conducir a una situación de mayor precariedad para los jubilados, ya que los ajustes serían mínimos y no cubrirían las necesidades básicas de los beneficiarios.
El análisis de Semino proyecta un panorama desolador para los jubilados, donde incluso los incrementos propuestos por la reforma resultarían insuficientes para contrarrestar el deterioro del poder adquisitivo de los haberes, empeorando así la calidad de vida de este sector vulnerable de la población. Además, advierte sobre la falta de diálogo y la ausencia de una verdadera voluntad política para abordar la crisis previsional, lo que agrava aún más la situación.
Por otro lado, las declaraciones de la canciller Diana Mondino también han generado controversia al cuestionar la viabilidad de ciertas políticas dirigidas a los adultos mayores. Sus críticas hacia el sistema de créditos de la ANSeS y su comentario sobre la mortalidad de los jubilados han suscitado indignación en varios sectores de la sociedad, reflejando una preocupante falta de sensibilidad hacia este grupo poblacional.
Ante este escenario, se hace evidente la necesidad de escuchar a los expertos y tomar en consideración sus recomendaciones para encontrar soluciones efectivas a largo plazo, asegurando así el bienestar y la protección de los jubilados de menores ingresos.