El juez Julián Ercolini ha solicitado un detallado listado de empresas que actuaron como reaseguradoras en los contratos con Nación Seguros, así como información sobre compañías locales que coaseguraron y los nombres de los productores involucrados.
En medio de un escándalo político y judicial de proporciones inesperadas, la figura del ex presidente Alberto Fernández se ve envuelta en una trama vinculada a los seguros, donde comisiones millonarias y movimientos de divisas están en el centro de atención. Un caso que desvela vínculos personales y comerciales entre Fernández, su secretaria histórica, María Cantero, y Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers con monopolio en los seguros estatales.
El origen de este enredo judicial se remonta a una denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez, respaldada por una investigación periodística que destapó un negocio millonario dentro de ANSES, con cifras que ascienden a 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales. La imputación también incluye a Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, y se ve amplificada por otras presentaciones realizadas por diputados de la Coalición Cívica.
El fiscal Ramiro González tomó la iniciativa al imputar a Fernández y Pagliano, seguido rápidamente por el juez federal Julián Ercolini, quien solicitó una serie de informes a diferentes entidades, incluyendo Nación Seguros y organismos gubernamentales, bajo la administración actual.
La investigación se centra en los mecanismos de reaseguro y coaseguro utilizados en los contratos estatales, con la sospecha de que estos fueron instrumentalizados para obtener ganancias indebidas y facilitar la fuga de divisas. El pedido de Ercolini incluye no solo la identificación de las empresas involucradas, sino también de los productores asesores de seguros que participaron en las operaciones.
Uno de los puntos clave es el decreto 823/2021, que obligó a todas las entidades estatales a contratar exclusivamente con Nación Seguros, lo que algunos ven como el inicio de esta presunta maniobra corrupta. Fernández ha defendido públicamente este decreto como una medida para eliminar intermediarios y asegurar una contratación directa, pero las sospechas de irregularidades persisten.
Mientras tanto, Martínez Sosa, con más de medio siglo en el mercado de seguros y vínculos estrechos con Fernández, se encuentra en el centro de la polémica. Revelaciones sobre préstamos pendientes al ex presidente y su empresa, junto con su papel en contratos estatales en Tierra del Fuego, añaden más capítulos a esta compleja trama.
La justicia ha comenzado a desentrañar este entramado de seguros, pero las implicaciones financieras y políticas continúan generando incertidumbre en el panorama judicial argentino. Con información Infobae