El Gobierno Nacional, en línea con su política de ajuste y reestructuración administrativa, anunció la eliminación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Esta decisión se suma al reciente cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI), como parte de una serie de medidas destinadas a optimizar el gasto público y redefinir las estructuras gubernamentales.
Según fuentes cercanas al Ejecutivo, la medida responde a la necesidad de racionalizar el gasto y mejorar la eficiencia en la administración de los recursos. En este sentido, se prevé que las funciones y dependencias del INAI sean transferidas al Ministerio de Justicia, con el objetivo de consolidar las políticas relacionadas con los asuntos indígenas bajo una misma cartera ministerial.
La mesa técnica liderada por Javier Milei ha expresado su intención de eliminar el rango de instituto del INAI, lo que implicaría la pérdida de su asignación presupuestaria actual. Se planea realizar una auditoría para reducir la composición de personal y redefinir la estructura del organismo.
Desde el Gobierno, se asegura que las funciones del INAI seguirán siendo cumplidas, aunque se modificará su estructura administrativa. Esta medida también afectará al Instituto Nacional de Juventudes (IJUVE), dependiente de Capital Humano, el cual está contemplado entre las áreas a desmantelar por parte del oficialismo.
El proceso de eliminación del INAI plantea ciertas trabas legales, dado que fue creado por la Ley de Asuntos Indígenas en 1985 y cuenta con una serie de disposiciones que regulan su funcionamiento y competencias. Según expertos constitucionalistas consultados por TN, la disolución del organismo solo podría llevarse a cabo mediante una ley o un decreto de Necesidad y Urgencia.
Marcelo Bermolen, abogado constitucionalista y director del Observatorio de la Calidad Institucional (OCI) de la Universidad Austral, explicó que una alternativa sería mantener el INAI en una forma mínima, reduciendo su estructura y dejando vacantes los cargos, lo que implicaría una disolución gradual del organismo.
El anuncio de la eliminación del INAI ha generado debate y preocupación en diversos sectores de la sociedad, especialmente entre organizaciones y comunidades indígenas, quienes temen que esta medida pueda afectar la atención y el apoyo a sus demandas y necesidades.
El Gobierno continúa trabajando en la definición de la lista de organismos descentralizados que serán objeto de eliminación, como parte de su estrategia para optimizar la gestión pública y promover una administración más eficiente y transparente.