En medio de un ambiente político tenso debido a la disputa con las provincias por las deudas asociadas a diversos fideicomisos, el presidente Javier Milei tomará una medida decisiva en los próximos días. Se espera que firme un decreto que confiere el manejo de estos fondos al Ministerio de Economía, lo que significa un aumento significativo en la influencia de Luis «Toto» Caputo en el gobierno.
Esta medida surge tras una profunda auditoría que reveló la existencia de más de treinta fideicomisos, mucho más de lo que se había estimado inicialmente. El Gobierno considera que estos fideicomisos han sido utilizados como instrumentos opacos de financiamiento por diversas gestiones a lo largo de los años, financiando proyectos al margen del presupuesto aprobado por el Congreso.
Inicialmente, se consideró la posibilidad de eliminar estos fideicomisos de manera directa, pero se encontraron obstáculos legales, ya que solo nueve de ellos podrían desaparecer mediante un decreto presidencial. Para el resto, se requeriría la aprobación de una ley.
Ante esta situación, el Gobierno optó por una estrategia diferente: en lugar de eliminar los fideicomisos, buscará controlarlos centralmente a través del Ministerio de Economía. Esto se llevará a cabo mediante un único decreto que será publicado en el Boletín Oficial, otorgando al Ministerio la responsabilidad de ser el fiduciario de todos los fondos existentes.
Esta medida implica retirar el poder de decisión sobre el dinero a los actuales fiduciarios, que suelen ser funcionarios provinciales, para transferirlo directamente al Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo. A partir de entonces, este ministerio tendrá la tarea de gestionar los fondos fiduciarios de acuerdo con los términos establecidos en los contratos originales.
Los fideicomisos han sido utilizados históricamente para financiar una variedad de proyectos, desde obras de infraestructura hasta programas de fomento de sectores productivos y planes de vivienda social. Sin embargo, su opacidad y falta de controles adecuados han generado preocupaciones sobre su gestión y transparencia.
El presidente Milei ha expresado su determinación de poner fin a este mecanismo de financiamiento, considerándolos «cajas negras de la política». La medida se enmarca en un contexto de tensión política con las provincias, exacerbado por la reciente retención de fondos a la provincia de Chubut, lo que ha desencadenado una batalla judicial en curso.
La transferencia del control de los fondos fiduciarios al Ministerio de Economía representa un paso significativo en los esfuerzos del Gobierno por centralizar el manejo de los recursos financieros y aumentar la transparencia en la administración de los mismos. Sin embargo, su implementación y repercusiones futuras siguen siendo objeto de debate y controversia en el ámbito político y judicial.