El Gobierno nacional encabezado por Javier Milei avanza en la implementación de un nuevo esquema de asignación de subsidios para el servicio de luz y gas, con la intención de aplicarlo a partir del mes de mayo. Este nuevo plan, detallado en un informe emitido por la Secretaría de Energía dirigida por Eduardo Rodríguez Chirillo, representa un enfoque más restrictivo en comparación con el sistema actual, como parte de las medidas de ajuste destinadas a alcanzar el superávit fiscal en el año en curso.
Según lo establecido en el informe, aquellos ciudadanos que hayan adquirido dólares en al menos uno de los últimos tres meses serán excluidos de recibir asistencia en subsidios. De igual manera, se aplicará esta restricción a quienes hayan realizado viajes a países no limítrofes en los últimos cinco años y a aquellos que cuenten con una prepaga no vinculada a su empleo en relación de dependencia.
Además, se contempla la exclusión de usuarios cuyas facturas de telefonía móvil superen el 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil, establecido en $39.000 en diciembre y $50.700 en marzo. Asimismo, se analizarán los consumos en billeteras virtuales equivalentes a cinco salarios mínimos, lo que supera el umbral de $1 millón desde marzo, así como los gastos con tarjeta de crédito.
El nuevo esquema de subsidios, que reemplazará a la segmentación actual, será presentado en una audiencia pública este jueves, previo a su implementación. Se contemplará una Canasta Básica Energética que determinará los consumos básicos de electricidad y gas natural según la zona bioambiental y la cantidad de integrantes del hogar. Aunque aún no se han especificado algunos detalles, como el porcentaje subsidiable.
Cabe destacar que el esquema de segmentación de subsidios del Gobierno anterior, vigente desde finales de 2022, comprendía tres niveles y excluía a los hogares con ingresos superiores a 3,5 veces la Canasta Básica Total del Indec, así como a aquellos ubicados en ciertas jurisdicciones y que poseían determinados activos económicos.
Estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno de Milei por optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar una asignación más eficiente de los subsidios, en línea con los objetivos de reestructuración económica y fiscal planteados por la administración actual.