¿Qué se entiende cuando hablamos de reforma al Poder Judicial? (*) (parte II)


Pero ¿Qué es la reforma del poder judicial?

Delimitada la cuestión y antes de poder contestar esta pregunta es necesario mencionar un breve antecedente.

Dentro de una república constitucional, como es la Argentina, y que ha nacido por las ideas liberales del siglo XVIII y XIX se ha pensado en que el Estado es una unión entre las personas en un territorio determinado y que se crea para que este defienda sus derechos y libertades.

Recordemos que este modelo se pensó en contraposición al Estado absolutista que no reconocía tales derechos, y es por ese motivo que, se ideo un sistema por el cual el mismo Estado se limitaba en sus funciones para proteger a las personas.

Esta es la idea de la separación o división de poderes, que en una terminología moderna viene a ser una separación de funciones del Estado , ya que el poder es único e indivisible.

Por eso, el que ejercer el poder ejecutivo, no tiene facultades en lo legislativo y judicial, así también pasa con el legislativo y el judicial, que no poder ejercer funciones ejecutivas o legislativas.

En lo que respecta al poder judicial, en un primer momento, la idea se debía a que éste aplique las leyes sancionadas por el legislativo, pero dicho pensamiento ha ido evolucionando a través del tiempo.

Hoy, la principal función del poder judicial en todos los países con un estado de derecho es interpretar la ley en sentido último, es decir ante un acto de los poderes (ejecutivo o legislativo) es este órgano, quien se va a expedir si ese proceder se encuentra de acuerdo a la Constitución o si es contrario a ella.

De ahí tenemos la importancia del poder judicial, ya que, si bien no puede dictar normas, ni ejercer funciones ejecutivas, es el que va proteger al ciudadano de los actos que son consideradas inconstitucionales o violan los derechos consagrados en nuestra Ley Suprema.

Claro está que, en una tarea diaria, el poder judicial no está controlando todo lo que dictan los demás poderes del Estado, sino en caso muy especiales se pronuncia sobre ellos, en lo demás, su ejercicio consiste en brindar una respuesta ante un determinado acto, y si esta esta conforme o contra el derecho (juzga actos y decide a través de las sentencias)

Entendido esto, y más aún cuando hoy en día cobran relevante importancia los organismos supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la función del poder judicial es necesaria para que todos los habitantes nos sintamos protegidos por nuestra Constitución siendo esta tarea fundamental en un sistema democrático.

En este sentido, al hablar de reforma de la justicia, esta se bebe plantear como mejorar un poder del Estado y por ello es necesario ciertos presupuestos:

Debe ser encarado como una política de Estado y no como una acción aislada del gobierno

Debe tener un consenso social más o menos generalizado de llevar adelante dicha reforma

Que las fuerzas políticas, principales actores en una sociedad democrática, estén de acuerdo con los puntos que se han de debatir.

Los otros actores sociales puedan participar y ser oídas sus propuestas

Que la reforma salga por un consenso más o menos mayoritario y no forzando mayorías artificiales o simplemente temporales.

Y por último que se tenga una visión de futuro es decir la reforma sirva para varios años y no como un problema coyuntural.

Dicho esto, el último intento de modificación al sistema del Poder judicial de la nación se dio en 2020 en medio de profundas diferencias entre los actores involucrados, lo que llevo a que el proyecto aún se encuentre en tratamiento legislativo y demuestra que un tema de tal relevancia, resulta muy dificultosos llevar adelante si no hay un acuerdo entre todos los actores políticos

También es de mencionar que, después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la ultima reforma del Consejo de la Magistratura, existe un proyecto que se encuentra debatiendo sobre la composición del mismo no habiendo logrado la unanimidad entre los diferentes componentes políticos para llevar adelante una iniciativa que contemple a todos los sectores.

En cuanto a la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo organismo de la justicia en nuestro país, esta cobra aún más notoriedad ya que es ella la que encabeza la estructura judicial de la Argentina.

Es ella, quien tiene la última palabra para interpretar la Constitución y así poder defender los derechos de los ciudadanos frente al Estado o a otros actores sociales.

Por ello para plantear un debate en la agenda pública sobre su reforma, además de los requisitos antes dichos para todo el poder judicial, se debe tener en cuenta otros aspectos ya que este es la cabeza de una de los poderes del estado.

Se debe plantear la reforma teniendo en cuenta el espíritu de la Constitución y no las apetencias políticas partidistas.

El principal destinatario de una reforma son los derechos de los ciudadanos, para que este se sienta protegido en un estado de derecho

Se debe tener en cuenta que la Corte, no es un organismo que representa a las provincias, sino son jueces de la republica cuyo fin último está dispuesto por nuestra Ley Suprema, cual es impartir justicia y velar para que se debidamente los derechos y las garantías de los habitantes de nuestro país.

Que las funciones de la Corte están fijadas por la Constitución (art 116 y 117), por lo que no se puede modificar la misma por una ley del Congreso, únicamente se podría tratar temas de carácter operativo o de procedimiento

A esto debemos agregar que al incorporarse en la agenda publica (debate entre todos los actores interesados) se debe evaluar la oportunidad, el tiempo y la pertinencia de tratar un tema de tanta importancia teniendo presente que como toda cuestión de política de estado esto debe perdurar en el tiempo.

Por ello, y viendo los distintos proyectos que actualmente se encuentran en tratamiento en el Congreso de la Nación, se podría decir que desde ya hace un tiempo existen vacantes ante la Corte por cubrir (1 cargo de ministro y el del Procurador General de la Republica) no habiendo a la fecha las fuerzas políticas consensuado los candidatos para que se dispare el debate sobre la designación de los mismos.

Sin embargo, resultaría beneficioso para el país y sus instituciones que se aborde el tema, pero como ya se ha detallados con anterioridad, teniendo ciertos parámetros para abrir el debate.

De los proyectos que se encuentran ante el Congreso de la Nación uno pertenece al senador del Frente de Todos, Alberto Rodríguez Saá; otro del legislador rionegrino, Alberto Weretilneck; y el tercero a la senadora riojana Clara Vega.

Todos los proyectos contemplan darle más protagonismo al federalismo y a la paridad de género, pero en lo que difieren es el número que ha de componer este alto tribunal que van de 9 a 25 miembros.

Así también, no existe consenso entre las diferentes representaciones políticas del Congreso sobre que proyecto se ha de acompaña, por lo que se sancionarse algunos de estos, se lograría con un ajustado numero

De los tres proyectos, los dos primeros son similares (senadores Rodríguez Saa y Weretilneck) ya que ampliar el número de miembros 9 o 16 equiparan la integración de la Corte entre hombres de mujeres y proponen un sistema de federalización de la misma a través de la designación de sus miembros por regiones geográficas

En cambio, el tercer proyecto si bien propone la equiparación de genero eleva el numero de miembros a 25 miembros siendo designado uno por cada provincia.

La actual oposición en el Congreso, ha manifestado su punto de vista, manifestando que el numero de 5 es acetado y elevar el numero es un juego político de la actual gestión para tratar de elevar el número de los jueces para así, obtener respuestas favorables a sus propios intereses obstruyendo de este modo el desempeño del más alto tribunal.

Además, muchos otros sectores han manifestado que dada las actuales circunstancias que atraviesa el país -pobreza generalizada, crisis económica, cuestionamientos a la representación política y cercanía a la renovación presidencial- no es conveniente tratar un tema con ligereza y poco debate debiendo priorizarse la gestión del gobierno en resolver temas más urgentes.

Por eso, de prosperar cualquiera de los proyectos antes descriptos el mismo se sancionaría sin un consenso de las fuerzas políticas, y llegado el momento para plantarse la elección de un nuevo miembro de la Corte se debería estar a lo que dispone el art 99 inc 4 la Constitución Nacional que establece que es facultad de  presidente quien “ Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto…..”

En las actuales circunstancias, como ya se ha dicho, ninguna fuerza política no posee ni siquiera mayoría simple en el Senado, por lo que la nominación de un candidato resultaría sumamente dificultosa y larga, llegándose a la conclusión que la ley sancionada devendría en algo inaplicable por el momento.

 

(*) Humberto Ferreira coordinador de la Comisión de Justicia y Paz del obispado de Posadas

 

PARTE I- Reforma del Poder Judicial


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